La Comunidad de Madrid y Cataluña acumulan la mayor parte de contratos de alquiler que podrán beneficiarse de la prórroga reforzada aprobada por el Gobierno central dentro de las nuevas medidas en materia de vivienda. Esta iniciativa está incluida en el primer texto publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la mañana de este miércoles, por lo que está ya en vigor. Forma parte del texto más completo, el que incluye el grueso de las propuestas aprobadas por el PSOE y Sumar tras una negociación in extremis y que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados este viernes para su convalidación.

La capital y su región colindante son donde más contratos podrán acogerse a la prórroga reforzada de aquellos contratos de alquiler que expiren antes del 31 de diciembre de 2028. Acumula 402.082 alquileres, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que dirige Isabel Rodríguez, el 21% del total. Según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística, en cada hogar viven una media de 2,5 personas, lo que se traduce en que en Madrid habrá en torno a un millón de personas que verían su renta congelada durante dos años más. Es casi el 15% de la población de la Comunidad de Madrid.

Cataluña sigue a la capital como región con más alquileres susceptibles de ser prorrogados, con 339.088, lo que supone casi el 18% del total. La gran mayoría está en Barcelona (248.053), seguida de Tarragona, Girona y Lleida. Entre Cataluña y Madrid se concentra casi el 40% de los contratos que podrán acogerse a esta prórroga reforzada si la norma sale adelante en la Cámara baja en la votación de este viernes. La principal duda sobre el éxito del Ejecutivo en este empeño es la posición de PNV y, sobre todo, de Junts per Catalunya.

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En las izquierdas, la situación parece más clara, sobre todo tras el posicionamiento del Sindicato de Inquilinas, que este miércoles reclamó a los partidos con presencia en la Carrera de San Jerónimo que apoyaran las dos normas que les remite el Gobierno. Todos habían expresado sus dudas por la inclusión de propuestas a petición de las derechas nacionalistas, pero fuerzas como el BNG, EH Bildu y ERC fueron desvelando su voto afirmativo en la sesión extraordinaria del viernes.

Podemos no aclaró su posición hasta la mañana de este jueves y fue, de lejos, el partido más crítico con los decretos, que calificó de "trampa". Ione Belarra e Irene Montero se centraron en reclamar la fusión de las dos normas para que la prórroga automática de los alquileres se votara junto al resto de medidas. También lo habían reclamado así los portavoces del Sindicato de Inquilinas, pero su petición del voto afirmativo forzará a los morados a respaldar los dos textos. Podemos se reunió este jueves con esta organización, que mantiene la acampada en la Puerta del Sol pese al rechazo de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, para decidir su voto, que ya ha desvelado en positivo.

Después de Madrid y Barcelona, la tercera región con más contratos de alquiler susceptibles de ser prorrogados es Andalucía, con 263.222, el 13% del total. Málaga (74.050) es la provincia con más alquileres extensibles durante dos años, a cierta distancia de Sevilla (54.866) y Granada (40.069). Después del territorio más poblado del país está la Comunidad Valenciana, donde existen 224.372 contratos prorrogables, el 11%. Valencia es la provincia donde se concentra la mayor parte (120.523), seguida de Alicante y, a mucha más distancia, Castellón.

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Le sigue Galicia, con 111.175 contratos de alquiler prorrogables (5,8%), casi la mitad de ellos en La Coruña. La cantidad en Canarias es muy similar (108.252 y el 5,7% del total), con Las Palmas acumulando en torno al 60% frente al 40% de Tenerife. En Castilla y León son 94.994 (5%) los contratos que podrán beneficiarse de la prórroga de dos años y algo más de la mitad están en Valladolid, Salamanca y León. En esta comunidad está también la provincia con menos contratos, que es también la menos poblada del país: Soria, con 3.921 contratos.

Baleares tiene 69.153 alquileres que podrán solicitar la prórroga si se convalida el decreto, el 3,6% del total. Le sigue Castilla-La Mancha, con 65.797 (3,4%), y casi la mitad de ellos en Toledo. Aragón tiene un número muy similar (64.272, el 3,4%) y es en esta región donde hay un mayor desequilibrio entre provincias. Zaragoza, con 47.665 alquileres prorrogables, acumula tres de cada cuatro (74%) dentro de la comunidad.

Murcia tiene 46.819 contratos (2,5%) y Asturias cuenta con 41.917 (2,2%) antes del furgón de cola, que ocupan Extremadura, Cantabria y La Rioja. En el caso extremeño, con 30.631 alquileres, hay cierta paridad, aunque Badajoz supera a Cáceres en contratos susceptibles de aplicar el decreto. Cantabria tiene 21.180 (1,12%) y La Rioja cierra la clasificación con 12.721 (0,6%).

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Atendiendo a la distribución por año de extinción del contrato, la mayor parte corresponde a 2027, con 809.899, un número similar al de 2026, cuando finalizan 751.166. En 2028, el último año de aplicación de esta medida, vencerán 334.611. Si saliera aprobado el segundo decreto, que incluye únicamente la prórroga automática de los contratos, todos estos alquileres podrían seguir en las mismas condiciones otros cinco años bajo la amenaza de una multa en caso de que la extinción no estuviera justificada.