Vox ha iniciado el curso político con un objetivo: abrir una causa por traición contra Pedro Sánchez tras la crisis de Ceuta. Santiago Abascal hizo un llamamiento este lunes al PP para contar con sus votos en el Congreso de los Diputados y activar el artículo 102 de la Constitución Española, que prevé la acusación contra el presidente del Gobierno por responsabilidad criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. "Conocía lo que iba a ocurrir, no ha hecho nada para impedirlo y todavía hoy muestra su alianza y actitud lacaya con el régimen de Marruecos", subrayó Abascal desde San Lorenzo de El Escorial (Comunidad de Madrid), tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional.

El artículo 102 regula el mecanismo para exigir responsabilidades al Ejecutivo, con la necesidad de reunir al menos a una cuarta parte de la Cámara Baja para iniciar el procedimiento. "La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo", dice la Carta Magna.

Vox ya planteó esta posibilidad a comienzos de agosto, durante la visita de Abascal a Ceuta, pero hasta la fecha no había lanzado a Alberto Núñez Feijóo una oferta de forma tan explícita. La formación ultraconservadora, con 33 diputados en el Congreso, requiere del apoyo de los populares, con 137, para llegar al mínimo establecido por la Constitución. Después, no obstante, necesitarían a otras fuerzas políticas para llegar a la mayoría absoluta, aunque de la misma forma que ocurre con la moción de censura, la propuesta está condenada al fracaso por la ausencia de una mayoría alternativa a la izquierda. Ni el PP ni otros grupos se han pronunciado al respecto.

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Abascal ha arrancado el curso planteando una enmienda a la totalidad de las relaciones con Marruecos y culpándole directamente de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes irregulares los pasados días 30 y 31 de julio, señalado como un ejemplo de la "guerra híbrida" abierta por Mohamed VI contra España con la "complicidad" y "colaboración" de Pedro Sánchez y su gabinete. La formación trata de arrastrar al PP a su posición y, además de pedirle sus votos, le insta a romper cualquier vínculo o acuerdo con el PSOE, tanto en Ceuta como en la Unión Europea, y con los partidos islamistas de la ciudad autónoma.

Romper con Marruecos

El Comité Ejecutivo Nacional, reunido en San Lorenzo de El Escorial, ha firmado una declaración institucional "en defensa de la soberanía e integridad territorial de España y para la denuncia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con el Reino de Marruecos". En el escrito, aprobado por unanimidad de la cúpula de Vox, exige a Marruecos una declaración "pública, expresa e inequívoca" de respeto a la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las plazas españolas en el norte de África. "España debe responder como un Estado soberano”, asevera.

"La soberanía española sobre estos territorios no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna", dice Vox, tras las últimas reclamaciones del reino alauí sobre la "liberación" de Ceuta y Melilla. "No es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia a Marruecos (...) España no puede aceptar como normal que un Estado que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique simultáneamente partes integrantes del territorio sujeto a soberanía española", dice sobre los acuerdos de amistad.

Santiago Abascal y los suyos plantean una revisión de las relaciones diplomáticas con Marruecos y urgen una convocatoria al embajador en el caso de "persistir la situación de invasión y ataque a la soberanía nacional" de España. El partido, igualmente, solicita a Sánchez suspender el tratado vigente hasta que Rabat reconozca de forma expresa la soberanía e integridad territorial española y coopere en la readmisión de los inmigrantes que cruzaron la frontera, que según las cifras del Ejecutivo serían en torno a 5.000 personas, incluyendo más de un millar de menores.