La aplicación electoral de la Ley de Nietos ha abierto un nuevo enfrentamiento político después de que el Tribunal Supremo limitara cautelarmente el voto de una parte de sus beneficiarios. Isabel Díaz Ayuso ha situado ahora el foco sobre el crecimiento del censo exterior de Tres Cantos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó su cuenta de X para acusar al Gobierno de haber alterado las reglas mediante la aplicación de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática. “Con la manipulación de la Ley de nietos, un municipio madrileño como Tres Cantos, que se funda en 1991, ha incrementado su censo un 25%”, escribió.

Tres Cantos se constituyó como municipio independiente en 1991, varias décadas después del periodo histórico utilizado por la normativa para identificar a quienes abandonaron España a causa de la Guerra Civil y la dictadura. Esa circunstancia ha llevado al Ayuntamiento a pedir explicaciones sobre la adscripción de nuevos electores residentes en el extranjero.

La dirigente popular amplió su crítica al funcionamiento de las instituciones: “Ni respeto a la prensa, ni a la Justicia, ni al legislativo ni a las mínimas reglas de la democracia. Sánchez y su gobierno nos llevan al precipicio”, añadió en la misma publicación.

Tres Cantos solicita una auditoría del censo exterior

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha solicitado a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística una revisión de oficio de los expedientes incorporados desde 2022 al Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA. El Consistorio sostiene que se han contabilizado más de 200 altas vinculadas a la aplicación de la Ley de Nietos. Su alcalde, Jesús Moreno, considera necesario esclarecer cómo se decidió asociar a estos ciudadanos con una localidad que todavía no existía como municipio independiente durante el periodo del exilio.

La denominada Ley de Nietos no ha sido anulada ni se han revocado de manera general las nacionalidades concedidas. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la inscripción y los efectos electorales de quienes accedieron a la nacionalidad aplicando una presunción administrativa sobre la condición de exiliado. La instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 estableció esa presunción para los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Quienes acrediten directamente que descienden de personas exiliadas por los motivos contemplados legalmente quedan fuera de la restricción cautelar.

Carlos Herrera: "La 'Ley de nietos' no es más que un intento de alterar el censo electoral"

Silvia López

La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión al considerar que la medida afecta de forma desproporcionada al derecho al voto de cientos de miles de ciudadanos. El Gobierno argumenta además que el procedimiento judicial no está examinando directamente la validez de las nacionalidades otorgadas.

El Partido Popular, por el contrario, interpreta el auto como un respaldo a sus dudas sobre la elaboración del censo exterior. Alberto Núñez Feijóo calificó anteriormente el proceso de “ingeniería electoral”, aunque el recurso que dio origen a las cautelares fue presentado por Vox e Iustitia Europa.