Después de tres intentos previos de desahucio y 76 de sus 87 años viviendo en la misma casa, Maricarmen Abascal ha abandonado este miércoles el que ha sido hasta hace unas horas su hogar. Lo ha hecho en camilla, transportada en ambulancia hasta el Hospital Gregorio Marañón, donde aún está, según su abogada, Beatriz Duro, a la espera de "pruebas que le tienen que hacer" y sin saber "cuándo le darán el alta".

En declaraciones a El Confidencial, Duro explica que tanto Ayuntamiento como Comunidad han puesto a disposición una plaza en una residencia en la zona de Pacífico, para alojarla. "Esta residencia ha sido rechazada por Maricarmen" —señala—, "es una persona que vive, hasta hoy, sola, quiere seguir teniendo autonomía y viviendo en una casa".

La resolución judicial se acoge a la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 1994, para llevar a cabo el desahucio, dado que el de Maricarmen se remonta a 1956. Sin embargo, esta cuestión había sido llevada hasta instancias internacionales, en concreto a la ONU, como explica la abogada, Beatriz Duro: "La ONU había solicitado al juzgado que suspendiera el desahucio hasta que pudiera haber una alternativa habitacional y, en todo caso, hasta que las administraciones públicas informaran sobre qué medidas estaban adoptando para evitar este desalojo sin alternativa".

"La jueza ha hecho oídos sordos a esta resolución, se ha saltado todos los tratados internacionales de los que España es parte y, desoyendo absolutamente el criterio de la ONU, ha decidido seguir adelante", sentencia. Además, explica que se habían presentado alegaciones que demostraban las negociaciones que, tanto el Ministerio de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, se estaban coordinando para dar una respuesta. "Presentamos un escrito solicitando que se suspendiera el desahucio hasta que las administraciones consiguieran dar una solución, que estaban en la búsqueda. No lo decía yo, lo decían estos informes que lo avalaban", explica.

La Policía ejecuta el desahucio de Maricarmen después de siete horas y tras rechazar el fondo cualquier negociación

Pedro PascualLa defensa de la mujer de 87 años ha pedido un margen de quince días para que pudiera recoger sus pertenencias y encontrar dónde ir, pero la empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., se ha negado

Se remite, también, a lo vivido en la mañana del miércoles. "Hoy estábamos negociando que nos dejara un mes para que Maricarmen tuviera una salida digna de su casa, que no fuera violenta, con esta brutalidad policial que hemos visto, y también se han negado", ha señalado. "Ni siquiera nos han dejado luego 15 días, tampoco un plazo de algunas horas para que ella pudiera retirar sus cosas".

La escena ha concluido con Maricarmen saliendo en camilla y con cargas policiales ante los cientos de manifestantes que, desde el martes por la noche, se encontraban en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. "De un nivel de deshumanización increíble". Además, apostilla que, a pesar de que "ayer salió una propuesta de una persona anónima también que quería pagar el alquiler de Mari Carmen", la jueza ha descartado esta opción.

"Tenemos en frente a un fondo buitre con cero empatía"

Duro describe la sensación de impotencia tras todo el esfuerzo puesto en que Maricarmen pudiese seguir viviendo en su casa. "Tenemos en frente a la propiedad, que es una SOCIMI, un Fondo Buitre, Urba Gestión, con cero nivel de empatía", afirma, mientras enumera los últimos pasos que les han llevado hasta este desenlace: "Llevamos meses intentando negociar una solución a través de Casa 47 para comprar la casa y hacerle un contrato de alquiler para pagar más; que pudiera cubrirse, desde los recursos que tienen las administraciones públicas, la parte del alquiler que Maricarmen no podía pagar".

Ahora, hasta el futuro más inmediato se antoja incierto para Beatriz y la propia Maricarmen. "Se va a a continuar con el procedimiento a la ONU. Espero que termine con una condena a España por vulneración del derecho a la vivienda y que derive en una indemnización", señala. A pesar de esta solución —la más optimista que baraja la abogada—, admite que "no va a resarcir en ningún caso lo vivido estos meses y sobre todo lo he tenido que vivir hoy, pero bueno, que sería la mínima justicia que se puede esperar".

Concluye, Beatriz, con un deseo con vistas al futuro, dado que en el presente es, ahora mismo, difícil sacar conclusiones positivas. "Espero, también, que esto impulse cambios legislativos que garanticen el derecho a la vivienda y que pongan el derecho a la vivienda por encima del derecho de los especuladores".