La crisis migratoria que asola Ceuta ha provocado ya la apertura de tres grandes investigaciones que tratan de desvelar qué ocurrió durante la entrada masiva de inmigrantes a ambos lados de la frontera. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón fue la primera en abrir diligencias para indagar si la avalancha migratoria de los días 30 y 31 de julio respondió a una acción dirigida desde Marruecos.

Además de la causa abierta en la Audiencia Nacional, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Ceuta mantiene abiertas otras dos grandes investigaciones que apuntan a posibles responsabilidades derivadas de la gestión de la crisis. La magistrada María de la Luz Lozano Gago permanece al frente de la investigación contra el delegado del Gobierno y de las pesquisas por las agresiones a militares.

La investigación de mayor alcance se encuentra, por el momento, en manos de la Audiencia Nacional, donde los primeros pasos de la investigación ya empiezan a arrojar luz sobre lo ocurrido a ambos lados del paso fronterizo del Tarajal. Las primeras averiguaciones de la Policía Nacional apuntan a que la avalancha migratoria pudo estar dirigida desde territorio alauí. En concreto, el informe remitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) destaca la existencia de agentes marroquíes que habrían realizado un "guiado activo" de los inmigrantes hasta territorio español.

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Este primer análisis desafía el discurso oficial difundido estos días por el Gobierno de Pedro Sánchez. El estudio de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la zona, las publicaciones difundidas en redes sociales y el resultado de decenas de entrevistas realizadas por los agentes llevan a la Policía a descartar que el origen de la entrada masiva estuviera exclusivamente en la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. El CENIF sostiene que existía una planificación previa y una dirección estratégica para desestabilizar a las autoridades españolas y provocar el caos en la frontera.

El informe de la Policía remitido a la Audiencia Nacional destaca que "los inmigrantes relatan de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales (marroquíes) no solo permanecían en actitud pasiva ante los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos".

Además de tratar de dilucidar qué ocurrió en territorio alauí, la investigación dirigida por María Tardón ya apunta a posibles responsabilidades en España. El informe policial subraya la existencia de hasta nueve alertas emitidas antes y después de los hechos acaecidos a finales de julio, lo que refuerza la hipótesis de que el Gobierno no actuó a tiempo pese a conocer la posibilidad de una entrada masiva de inmigrantes y el eventual colapso de Ceuta.

Delegado del Gobierno en Ceuta y agresiones a militares

La causa abierta en un juzgado de Ceuta contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, también busca depurar responsabilidades de la mala gestión de la crisis no solo durante las horas más críticas, sino también en los días anteriores. La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que el sindicato sostiene que el representante del Ejecutivo incurrió presuntamente en un delito de prevaricación omisiva al no adoptar medidas ante las alertas presuntamente trasladadas por los servicios de inteligencia.

La instructora también ha incorporado a la causa la querella presentada por Hazte Oír, en la que además pide averiguar si el delegado del Gobierno en Ceuta promovió una orden de pasividad policial. La asociación solicita investigar si Pérez Triano dictó o consintió que los agentes españoles no intervinieran.

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Por último, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Ceuta acordó este jueves la apertura de una tercera investigación. En este caso, responde a la querella presentada por HO en la que se pedía investigar el posible suministro de artefactos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases y los ataques sufridos por militares, policías y vecinos.

La asociación solicita en su querella averiguar quién adquirió, fabricó, transportó, almacenó, suministró o distribuyó estos dispositivos; cómo llegaron hasta Ceuta; si existió coordinación o aliento de las conductas violentas y si participaron personas vinculadas a organizaciones que operan en la ciudad.

A estas tres causas se suman las diligencias abiertas por hechos ocurridos a raíz de la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Los juzgados de Ceuta investigan también episodios concretos relacionados con robos, agresiones sexuales o lesiones. Las tres investigaciones anteriores tienen, no obstante, un alcance más amplio y político y ponen contra las cuerdas a las autoridades españolas, incluido el Gobierno.