El comisario general de Extranjería y Fronteras de la Policía, Julián Ávila, explicó esta semana de forma pormenorizada a sus superiores cómo la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, les había pedido guardar silencio sobre el informe policial que estaban elaborando en relación al paso de unas 70.000 migrantes a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio. En un documento que remitió a la cúpula policial, expuso que la jueza había pedido “máxima reserva” a miembros de su equipo a través de una llamada telefónica, diez días después del encargo. Este hecho ha vuelto a provocar un choque de primer orden entre el Gobierno y el Poder Judicial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se quejó este jueves de haber permanecido ajeno a la redacción del documento, que consideró “de gran interés” para que el Ejecutivo “ejerza con el mayor acierto sus funciones constitucionales”, pero los jueces (tanto la presidenta del Poder Judicial como la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional) defendieron que se trata de mantener la independencia de la justicia.
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