"Pensamos que, si en dos días habían vuelto tantos, en una semana eso estaba liquidado". elDiario.es reconstruye los detalles y las fechas clave de la gestión de una crisis que estalló el 30 de julio, que ahora se agrava con estallidos de violencia y que mantiene acorralado al Ejecutivo de Sánchez por sus propios errores y por la ofensiva del PP y Vox
Por qué el Gobierno piensa que Marruecos no está detrás de la crisis de Ceuta
Un ataque fronterizo instigado por redes sociales que no se supo predecir y una crisis migratoria posterior que no se supo calibrar. Y todo en pleno mes de agosto, con la administración a medio gas por las vacaciones de verano. Esa es la principal conclusión que se comparte de puertas hacia dentro entre los distintos departamentos del Gobierno implicados en la gestión de un problema que hoy mantiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez contra las cuerdas. Estabilizada la frontera, un mes después quedan en las calles de Ceuta miles de personas que se enfrentan a un largo proceso administrativo antes de poder ser acogidas o retornadas. Y que permanecen varadas en una ciudad desbordada, hastiada por la alteración radical de su hábitat y en la que, lo que es peor, empiezan a estallar episodios de violencia racista.
Todo se desencadenó la mañana el 30 de julio, cuando ya se respiraba en la política española un ambiente parecido al de un fin de curso. Lo previsto aquella mañana, víspera de las vacaciones de verano, era una especie de tregua política tras un ejercicio especialmente corrosivo para Pedro Sánchez, coronado con la peor ola de incendios en tres décadas. Pero nada más lejos de la realidad. La fecha del 30 de julio de 2026 ya está marcada en rojo como la crisis fronteriza más grave documentada en la historia reciente en España. Y amenaza con convertirse en un callejón sin salida para un Gobierno acorralado por los errores de su propia gestión y por la ofensiva de PP y Vox, que han encontrado en Ceuta el contexto perfecto para abrirle otra vía de agua al Ejecutivo.
La sensación generalizada en el Gobierno es que se reaccionó tarde, que el tiempo perdido ha complicado mucho las cosas y que la actitud de Europa y la presión del PP (y de un Vivas mucho más hostil que en crisis anteriores), les deja en una situación imposible. Y no solo desde el punto de vista de la mera gestión migratoria. También desde un enfoque político, con la imagen de un Ejecutivo que no supo actuar a tiempo en un tema de especial sensibilidad para la opinión pública. “Nos volcamos en la crisis fronteriza y con la migratoria hubo un error de cálculo”, asumen en el Gobierno.
Lo que sigue a continuación es una reconstrucción de la gestión de la crisis en sus fechas clave, con información obtenida de una decena de fuentes al más alto nivel, tanto en la ciudad autónoma como en el Gobierno central. Y que arranca con un precedente que resulta trascendental para comprender lo ocurrido: la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones migratorias en frontera.
8 de julio. La sentencia del Supremo
“Quien entra por mar no supera un elemento de contención fronterizo en el sentido literal del precepto, y, por tanto, no puede ser objeto de rechazo en frontera”. Si hay que buscar el origen exacto de la crisis fronteriza en Ceuta, seguramente esté en esta frase de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio. La resolución judicial tiene que ver con el caso de un ciudadano argelino que entró a nado a Ceuta el 14 de noviembre de 2024 y que fue devuelto a Marruecos de forma inmediata por las autoridades españolas. Una actuación que ahora el alto tribunal concluye como irregular y que cambia de forma radical el paradigma de la seguridad fronteriza.
Las consecuencias son inmediatas. La prensa local ceutí, pero también el gobierno de la propia ciudad autónoma e incluso la Delegación del Gobierno central, comienzan a reportar un incremento constante y progresivo de entradas a nado por El Tarajal, aunque nada ni remotamente parecido a lo que acabaría sucediendo el 30 de julio. Para hacer frente al nuevo escenario, en cualquier caso, el Ministerio del Interior ordena entonces un refuerzo de 70 efectivos: 60 dedicados a funciones de seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 dedicados al control fronterizo marítimo. Además, se destinan siete embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, con sus correspondientes tripulaciones compuestas por casi 30 agentes: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y cinco embarcaciones semirrígidas.
Pero la situación empeora conforme transcurre el mes de julio. En un comunicado conjunto, el Gobierno local de Vivas y la Delegación del Gobierno en Ceuta hablan el 27 de julio de una “emergencia migratoria” que requiere “una respuesta extraordinaria e inmediata” tras la entrada de mil personas a nado en una semana. Ese mismo día, Juan Jesús Vivas mantiene una conversación telefónica con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.
Según el ejecutivo ceutí, Vivas había reclamado poder hablar con el presidente del Gobierno para trasladarle personalmente su preocupación por la deriva en la frontera, pero fue derivado a su jefe de gabinete. Según Moncloa, en esa conversación (que acotan a unos pocos minutos), el presidente de Ceuta reporta datos de entrada que no resultan llamativos respecto a la situación fronteriza de otros veranos, cuando siempre se produce un repunte de entradas. Y añaden que, en cualquier caso, se da traslado a Interior. Nadie entonces es capaz de calibrar la magnitud de lo que ocurriría tres días después.
La vía directa de comunicación sobre la situación fronteriza esas semanas previas se establece entre la Delegación del Gobierno y la secretaria de Estado de seguridad, Aina Calvo. Porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sumerge durante todo el mes de julio en la gestión de la peor ola de incendios en 30 años: el fuego arrasa 77.000 hectáreas entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo en uno de los peores episodios registrados jamás en el centro de la Península.
Es Marlaska quien declara la emergencia de nivel nacional (nivel 3) por el fuego y quien, por tanto, asume la dirección operativa en coordinación sobre el terreno con el general jefe de la UME. El día 29, en una entrevista en La Sexta a colación de los incendios, le preguntan también por la situación en Ceuta que denuncia Vivas: “Las relaciones con Marruecos son cercanas, basadas en la lealtad. Y ellos trabajan de manera denodada por limitar las salidas irregulares. Es una situación excepcional que estamos afrontando con los medios que tenemos allí dispuestos de forma permanente. Estoy convencido de que en breve podremos solventarlo”. Faltaban menos de 24 horas para el cruce masivo.
30 de julio. Fin de la emergencia por el fuego, principio de la emergencia en Ceuta
El 30 de julio amanece con buenas noticias, pero no durarán mucho tiempo. El parte meteorológico da por fin un respiro. La cuarta ola de calor afloja, se reducen los vientos y cesan las tormentas secas. El Gobierno rebaja la emergencia de los incendios a nivel 2 y Moncloa organiza en la agenda de Pedro Sánchez una visita in situ al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila). A las once en punto de la mañana interviene públicamente el presidente para confirmar que la emergencia nacional queda atrás. En las imágenes oficiales que distribuye Moncloa en sus redes sociales, se aprecia a la espalda del presidente al ministro de Interior pendiente de su teléfono móvil durante la comparecencia.
Es allí, en Navaluenga, donde el ministro y el presidente del Gobierno se enteran de la alerta en Ceuta. La casualidad hace que se encuentren juntos cuando el teléfono de Grande-Marlaska empieza a echar humo. Son la once y media de la mañana y desde la Delegación del Gobierno y desde los altos mandos de la Policía y la Guardia Civil se reportan las impactantes imágenes que empiezan a llegar en directo desde el paso fronterizo del Tarajal. Miles de personas agolpadas y cruzando a nado o por el espigón desde Marruecos a suelo español. Los primeros cálculos que se trasladan dejan atónitas a las autoridades: 250 personas por minuto. El ministro y el presidente regresan a Madrid para atender la emergencia y tomar las primeras decisiones.
Marlaska convoca a la una de la tarde a una reunión de urgencia a la plana mayor de Interior, con secretarios de Estado y directores generales. Antes, habla personalmente por teléfono con el ministro del Interior de Marruecos. En Moncloa, Sánchez convoca también a su equipo más cercano. Habla, ahora sí, personalmente con Juan Jesús Vivas. Se estudian todos los escenarios posibles y se evalúa también la situación con la información que llega en tiempo real desde Marruecos, principalmente a través de la interlocución de Marlaska y Albares con sus homólogos de Interior y Exteriores. Sobre la mesa se pone la posibilidad de convocar de urgencia ya en ese momento un Consejo de Seguridad Nacional. Y se descarta. La decisión final es que el presidente del Gobierno se traslade a Ceuta al día siguiente.
31 de julio. Sánchez visita Ceuta: “Ataque a la integridad de España”
El presidente del Gobierno y el ministro del Interior comparten avión para viajar a Ceuta a primera hora del viernes 31 de julio. Cuando aterrizan, la situación permanece fuera de control. Decenas de miles de personas recorren de un extremo a otro una ciudad cerrada a cal y canto. Ni tiendas, ni supermercados, ni oficinas. Nada funciona en Ceuta en esas primeras horas de colapso. La imagen que describen desde los equipos de Sánchez y Marlaska que les acompañaron en esa visita resulta esclarecedora: “Fue una sensación de desborde absoluto. Apenas se podía transitar por las calles porque estaban repletas de gente agolpada que había cruzado la frontera. Eran más de 70.000 personas sin tener a dónde ir en una ciudad de 80.000 habitantes”. En ese momento aún no se tienen datos fidedignos, pero se calcula ahora que asciende a 140 el número de personas muertas en la frontera.
Sánchez y Marlaska se reúnen con el presidente Vivas. El jefe del Ejecutivo comparece en público: “Lo sucedido se define como un ataque y una violación de la integridad territorial de España”. Los contactos diplomáticos entre España y Marruecos se suceden al más alto nivel durante esas horas. Pedro Sánchez regresa a Moncloa ese mismo día. El ministro del Interior se queda en Ceuta al frente de un operativo que es, ante todo, de seguridad fronteriza.
Y llega otro mazazo. En pleno estallido de la crisis, un numeroso grupo de socios europeos liderados por la italiana Giorgia Meloni le da la espalda a España. Plantean abiertamente suspender el espacio Schengen de libre circulación en nuestro país por la situación en Ceuta. Se apresuran a secundar a Meloni los gobiernos de República Checa, Dinamarca o Finlandia. A la crisis fronteriza se acaba de sumar una de reputación internacional, por las imágenes de la frontera sur, y otra diplomática de primer nivel con gran parte de la UE.
1 de agosto. Retorno a Marruecos, crisis con la UE
El 1 de agosto, Pedro Sánchez se pone también al frente de la durísima crisis abierta con la UE. Contacta personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los pocos apoyos que mantiene intacto el líder español entre sus socios. Y eleva una enérgica queja a Bruselas. En una carta, Sánchez lamenta la reacción “egoísta, polarizadora e ilícita” de varios de los países de la Unión. Y reclama una reunión urgente de los Ministerios del Interior de los 27 para “establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros”.
En esa carta, Sánchez asegura que su Gobierno ha logrado “restablecer plenamente el control sobre la frontera” y que lo ha hecho gracias a la cooperación de Marruecos. En efecto, la inmensa mayoría de las personas que cruzaron a nado o a pie El Tarajal el 30 de julio deciden volverse. Aunque el Ejecutivo ensalza en público esa colaboración del gobierno marroquí para un retorno masivo de decenas de miles de personas en apenas 48 horas, desde los departamentos ministeriales implicados en la gestión de la crisis restan heroica al operativo: “Decidieron volverse ellos mismos porque se encontraron una ciudad en la que no podían ni comprar comida, ni agua. Y en la que obviamente no se encontraron lo que les habían prometido, aunque es verdad que la policía marroquí facilitó ese regreso por la frontera”.
Es también el 1 de agosto cuando Marlaska ordena el comienzo de instalación del sistema provisional de contención marítima: una línea de boyas de 730 metros para delimitar en el agua el espacio fronterizo como respuesta a la sentencia del Supremo del 8 de julio, tres semanas antes. El presidente del Gobierno se traslada a la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, para iniciar sus vacaciones de verano.
2 de agosto. “Un error de cálculo”
En esa carta que Pedro Sánchez remite el día 1 a la presidenta de la Comisión Europea, expone algunos datos que el paso del tiempo ha demostrado incorrectos. Sánchez cifra en esa misiva en 50.000 el número de personas que pasaron de manera irregular a suelo español. Y añade que se había logrado “devolver a prácticamente todos”. Ninguno de los dos datos eran ciertos, pero la información que manaba desde las fuentes del Ministerio del Interior en esas primeras horas así lo trasladaban.
Ese 2 de agosto por la tarde, de hecho, el ministro del Interior decide regresar a Madrid. Lo hace porque, según traslada públicamente, “la situación se ha revertido casi en su totalidad”. En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Marlaska asegura que “todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro de que así no se entra en España”. Y que por eso “la normalidad” se estaba “alcanzando” y ya no tenía “nada que ver” con los días previos. A preguntas de la prensa, puntualizó que, en cualquier caso, “la crisis no se daba por cerrada” hasta que no se pudiera dar “por concluida definitivamente”.
“En 48 horas el panorama era completamente distinto. Vimos a riadas de gente saliendo por la frontera del Tarajal de vuelta a Marruecos sin ningún tipo de incidentes. Y seguramente cometimos el error de pensar que, si en dos días habían vuelto tantos, en una semana eso estaba liquidado. Es evidente que fue un error de cálculo”, admite una de las personas del Gobierno desplazadas a Ceuta y que ha seguido in situ el operativo.
4 de agosto. Actualización de cifras: “Solo quedan 2.000”
El 4 de agosto tiene lugar por videoconferencia la reunión de ministros del Interior de la UE. En un comunicado conjunto posterior, los miembros de los 27 cambian el tono de las primeras horas y ponen en valor el trabajo del Ejecutivo español para devolver al grueso de migrantes que cruzaron la frontera. El Gobierno da carpetazo a la crisis con sus socios a excepción de Meloni, que establece de manera unilateral controles en los aeropuertos para vuelos procedentes de España. Sánchez ordena la misma medida a vuelos italianos. Y Grande-Marlaska actualiza los datos: entraron 72.000 y se volvieron 70.000, así que solo permanecen 2.000 personas en suelo ceutí. Otro dato que el paso de los días acaba por desmentir.
Porque esas cifras ni siquiera concuerdan con las que manejan a esas alturas desde el Ministerio de Inclusión de Elma Saiz, que aprueba una dotación de emergencia de 6,5 millones de euros para prestación de servicios, ejecución de obras y atención sociosanitaria. Y que incluye a través de Cruz Roja kits de alimentación diarios para entre 3.000 y 4.000 personas, además de productos de higiene femenina y atención sanitaria. Los datos que manejan ya las autoridades de la ciudad autónoma hablan a una cifra superior a las 5.000 personas.
6 de agosto. La ministra de Infancia viaja a Ceuta; enfrentamiento Robles-Marlaska
La titular de Infancia, Sira Rego, se convierte en la primera ministra que visita Ceuta después de Grande-Marlaska. Durante su estancia acude a centros de acogida de niños y niñas no acompañados, anuncia una partida de 25 millones de euros y se reúne con el presidente de Ceuta, al que traslada todas las vías abiertas por el Gobierno para la gestión de los menores: reunificación familiar, campaña de acogida familiar en la Península, despliegue de la acogida vinculante para las comunidades e incluso la posibilidad de trasladar a 500 niñas a la Península a través de convenios con entidades del tercer sector. Pero le traslada un mensaje claro: en ningún caso su departamento contempla violentar la ley. Es decir, que la expulsión inmediataa de niños y niñas a Marruecos resulta una demanda imposible por mucho que lo exijan cada día Vivas, el PP y Vox.
Además, se produce un choque soterrado entre los Ministerios de Defensa e Interior. Desde el departamento de Grande-Marlaska se niega de forma categórica que ni el Centro Nacional de Inteligencia ni ningún otro estamento hubiera dado aviso previo de que algo similar a lo que sucedió el 30 de julio podía ocurrir. Desde el Ministerio de Defensa se insinúa lo contrario, y esa tensión escalará durante todo el mes hasta la comparecencia de Margarita Robles en el Congreso. Allí. la titular de Defensa llega a precisar que el 29 de julio se produjeron avisos “orales” a la Delegación del Gobierno sobre los movimientos en frontera. Moncloa, el resto de Ministerios y la propia Delegación del Gobierno en Ceuta lo niegan.
7 de agosto. Reunión clave para dimensionar la crisis
Sánchez convoca una reunión de coordinación por videoconferencia con los ministros de Defensa, Interior, Migraciones e Infancia y con el secretario de Estado de Exteriores. Según todas las fuentes consultadas, en esa reunión se comparte un balance de la situación y se adoptan nuevas medidas de seguridad, pero con una prioridad muy clara por encima del resto: fortalecer el control de la frontera a uno y otro lado del Tarajal ante la amenaza “real y creíble” de nuevos llamamientos a cruces masivos.
Con perspectiva, los equipos ministeriales consultados por este periódico asumen que en ese momento la preocupación por la frontera superó con creces a la atención que se otorgó a un flujo migratorio instalado en Ceuta que decidió no volver a Marruecos y que ni siquiera se acertó a dimensionar de forma certera. “Los datos que teníamos hablaban de que quedaban 2.000 personas, que es una situación tensa pero no dramática, porque Ceuta había afrontado crisis muy superiores”, exponen desde el gabinete de uno de los departamentos más implicados en la gestión.
Desde otro Ministerio se asume como una “desconexión” con la realidad de Ceuta el fallo al calibrar la situación migratoria. “Ese día se pusieron sobre la mesa los datos y se concluyó que la ciudad podía estar tensionada, pero que desde un punto de vista migratorio 2.000 personas no suponían una emergencia. Ahora es fácil mirar atrás y aceptar que era una desconexión con la realidad”.