El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid han chocado frontalmente por la gestión de la acampada que desde esta noche se ha instalado en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por la crisis de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen. Mientras el departamento de Fernando Grande-Marlaska no se siente interpelado y delega la situación en la Policía Municipal, el consistorio ha mostrado su "indignación" y acusa a la Delegación del Gobierno de "absoluta negligencia y dejación de funciones".

Fuentes de Interior aseguran que los acampados están situados en un espacio público y, en caso de procederse a un desalojo, apuntan a los efectivos municipales del Ayuntamiento. Matizan que el escenario cambiaría y se estudiaría la actuación de la Policía Nacional si se produjesen desórdenes públicos, pero indican que no es el caso por ahora al ser una concentración "pacífica". En la plaza permanecen cerca de 500 personas tras la manifestación por el desalojo de Maricarmen, convertida en un símbolo contra la especulación inmobiliaria.

Frente a esta postura, el consistorio madrileño considera que el asentamiento es "consecuencia directa" de la falta de diligencia de Interior y sugiere que podría tratarse de una "deliberada decisión", al permitir que la manifestación discurriera por lugares no autorizados. Además, el Ayuntamiento denuncia que la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos justo cuando comenzaron los asentamientos ilegales, exigiendo explicaciones para aclarar si hubo una "orden directa" del delegado del Gobierno.

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La administración local subraya que "el control del orden público y el derecho de manifestación corresponden exclusivamente a la Delegación del Gobierno", a la que acusan de "mirar para otro lado" y cargar a otra administración con los problemas derivados de su "incapacidad e incompetencia". Por ello, exigen que aborden las consecuencias y "repongan la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes".

El cruce competencial y el precedente del 15-M

Para rebatir la argumentación de Interior, el Ayuntamiento de Madrid ha recordado que en el año 2011, con la acampada del 15-M, los desalojos sí fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno. Aquella intervención policial se produjo la madrugada del 17 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional y Municipal se personaron en Sol de forma conjunta, instando a las personas que permanecían allí a marcharse y advirtiendo de multas administrativas de 1.500 euros.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid se señaló en aquel momento que se trataba de una operación conjunta. Un portavoz de la Delegación indicó que desde el Ayuntamiento de la capital se pidió "colaboración institucional" para llevar a cabo el desalojo de los manifestantes. Tras aquella intervención, que se saldó con un detenido y un policía herido, al día siguiente llegaron nuevos acampados y las tiendas se afianzaron durante semanas, marcando el final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el inicio de la nueva política.

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Siguiendo con el precedente del 15-M, en aquel momento la protesta coincidió con la campaña a las elecciones municipales y autonómicas, por lo que la Junta Electoral Central advirtió de que la acampada era incompatible con la jornada de reflexión. A pesar de ello, el Ministerio del Interior, que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó proceder a un nuevo desalojo. "Haremos todo cumpliendo las leyes y de forma proporcional. La Policía no crea problemas, los resuelve", declaró aquellos días el vicepresidente.

La decisión final fue no desalojar, pese a la prohibición de la Junta Electoral Central. El Gobierno se amparó para no dar la orden de intervenir en su interpretación de diversa legislación y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según el cual no se puede disolver una manifestación pacífica, aunque no esté autorizada. Las tiendas de campaña permanecieron en Sol hasta que su presencia fue disminuyendo y las condiciones de insalubridad comenzaron a ser un riesgo. La protesta decayó y, finalmente, una madrugada la policía procedió a desalojarlos.