El pasado 8 de septiembre se presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, que contempla diversas reformas fiscales. Si bien no se proponen nuevos impuestos, sí se plantea ampliar la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR) e incrementar la carga impositiva para determinados contribuyentes, con el propósito de reducir el déficit y contener el nivel de endeudamiento, que ha aumentado en los últimos años como consecuencia del crecimiento sostenido del gasto público.
En 2018, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) representaba 43.6% del PIB, mientras que para 2027 se estima que alcance 55%. En 2024 se registró un déficit de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 5.8% del PIB, el nivel más elevado desde 1989. Necesitamos retomar el camino de la disciplina fiscal para mantener finanzas públicas sanas y preservar la estabilidad económica. El crecimiento del gasto público nos ha llevado a mayores niveles de deuda, elevando el costo del financiamiento y generando una presión creciente sobre el Presupuesto de Egresos. En 2018, el costo financiero de la deuda representó 2.5% del PIB; para 2027 se estima que alcance 4%.
Los ingresos presupuestarios se han mantenido estables gracias al crecimiento constante de los ingresos tributarios. En 2013, estos representaron 9.2% del
PIB, mientras que para 2026 se estima que alcancen 15.4%. De manera particular, la recaudación del ISR ha mostrado un crecimiento significativo: en 2013 representaba 5.6% del PIB y en 2025 alcanzó su máximo histórico, al ubicarse en 8.2%. Estas cifras reflejan un buen desempeño recaudatorio para sostener el gasto público. Por ello, la estabilidad de las finanzas públicas también debe abordarse desde el control del gasto, tanto en su diseño como en su ejecución. Ninguna reforma fiscal será suficiente si no planeamos y ejercemos los recursos públicos de manera eficiente.
Entre las propuestas de reforma fiscal destaca la limitación global de las deducciones para las personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Esto implicaría que, para aquellas empresas que obtengan utilidades, se les obligaría a determinar una utilidad fiscal para efectos del ISR de al menos 3.33% de sus ingresos, aun cuando su realidad financiera refleje un margen de utilidad menor. Para las personas morales cuya utilidad supere ese porcentaje, se diferiría un punto porcentual de sus deducciones, incrementando con ello su base gravable.
La propuesta busca alcanzar este objetivo mediante un mecanismo de restricción global que difiere de manera continua una parte de las deducciones.
Actualmente existen diversas limitaciones aplicables a conceptos específicos, como los intereses, la previsión social y el pago de prestaciones laborales exentas conforme a la Ley Federal del Trabajo, entre otros. Sin embargo, la iniciativa plantea incorporar, adicionalmente, un tope global a todas las deducciones, lo que podría provocar que, en distintas circunstancias, estas se limiten en dos ocasiones. Las medidas afectarían a empresas de diversos sectores económicos, incluidas aquellas que, pese a registrar elevados volúmenes de ingresos, operan con márgenes reducidos de utilidad.
La propuesta de incrementar la utilidad fiscal de las empresas, así como la restricción a la amortización de pérdidas fiscales, se justifica en la Exposición de Motivos como una medida para combatir prácticas evasivas derivadas de deducciones ficticias, operaciones simuladas o facturas falsas. Sin embargo, actualmente existen procedimientos expeditos para auditar y sancionar rigurosamente a quienes incurren en estas conductas dolosas que afectan la recaudación. No debe partirse de la premisa de que todos los contribuyentes realizan estas prácticas. Los derechos de los contribuyentes reconocen que su actuación se presume de buena fe; por tanto, una medida de esta naturaleza terminaría afectando también a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al elevar aún más su carga tributaria.
En el mediano y largo plazo, la reforma propuesta no favorece la inversión, la generación de empleo ni el crecimiento económico.
Durante años, desde el sector empresarial hemos propuesto la creación de un Consejo Fiscal Independiente que contribuya a evitar un manejo discrecional de las finanzas públicas, preservar la disciplina fiscal, moderar el nivel de endeudamiento y evaluar de manera objetiva nuestra política fiscal.