Los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno no lograron los suficientes votos a favor en el Congreso de los Diputados para salir adelante. Los apoyos en contra de las iniciativas por parte de Junts se sumaron a los del resto de diputados, provocaron su cancelación, los cuales llevaban gestándose a raíz del caso de Maricarmen, el desahucio de la vecina madrileña de 87 años de la vivienda en la que llevaba residiendo aproximadamente siete décadas.

Si bien organizaciones como el Sindicato de Inquilinas tildaban de insuficientes las medidas que presentaban ambos proyectos, apoyaban el proyecto para tratar de mejorar las condiciones de muchos ciudadanos en nuestro país con respecto al ámbito de vivienda. Sin embargo, el bloqueo ante los mismos ha provocado la convocatoria de numerosas manifestaciones en todo el país.

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Con la decisión recién tomada por el Congreso, lo cierto es que buena parte de la población cuenta con un fuerte sentimiento de incertidumbre acerca de lo que pasará en los próximos tiempos en relación a dicho sector. Y es que varias de las pautas presentes en ambos escritos cambiaban radicalmente las condiciones de alquiler de muchos usuarios en España.

Medidas sin apoyo

El primero de los decretos discutidos en el Congreso durante el pasado viernes 2 de octubre planteaba una prórroga extraordinaria de hasta dos años en los contratos de alquiler que finalizaran antes de 2029, así como la incorporación de una nueva defensa contra desahucios contra la población en situación de vulnerabilidad. También incluía una prohibición temporal de adquisición de vivienda a los fondos buitre por menos de un 70 % de su valor en el mercado.

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La derogación del mismo ha supuesto la posibilidad de desahucio de personas vulnerables. Por otro lado, los inquilinos que hayan enviado a sus caseros la documentación en base a la nueva normativa del decreto para prorrogar su contrato dos años pasan a estar en un vacío jurídico, dejando la duda de cuál es la pauta que prevalece en el presente.

A su vez, la derogación del segundo decreto, el cual apuntaba a la renovación automática de los contratos de alquiler cada cinco o siete años, dependiendo de si el casero era una persona o empresa. Si bien este aspecto tampoco ha salido adelante, no quiere decir que se anulen los cambios en todos los contratos del alquiler. La norma que prevalece es la Ley de Arrendamientos Urbanos que permanecía vigente anteriormente.