La Guardia Civil de Valladolid, conjuntamente con la de Barcelona, ha desmantelado una importante organización de ciberdelincuentes que usaba ‘mulas bancarias’ para sus estafas. La actuación supone probablemente el golpe más contundente al cibercrimen en la provincia, con 10 detenidos: 9 de ellos en Valladolid y otro más en Terrassa (Barcelona). La operación ha permitido identificar a 22 víctimas procedentes de distintas provincias de España, a las que se robó con engaños 240.000 euros, pero seguramente hay muchos más afectados.

Fuentes de la investigación explicaron a ElConfidencial que la Guardia Civil tiene constancia de un undécimo miembro de la organización criminal, habitualmente residente en Barcelona, pero que no pudo ser detenido por hallarse en el Reino Unido.

El avance de la investigación “permitió detectar una estructura cuya actividad tenía su origen en la provincia de Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas para facilitar sus cuentas bancarias, y que se extendía hasta la localidad de Terrassa (Barcelona), donde se efectuaban reintegros de dinero procedente de las estafas investigadas”, explica la nota oficial de la Guardia Civil. La operativa era sencilla: las víctimas de los engaños eran convencidas para ingresar su dinero en las cuentas de las ‘mulas’, de las que inmediatamente sacaban el dinero los cabecillas. Lo sacaban en metálico para poder moverlo hacia nuevos destinos sin dejar una huella fácil de seguir, de modo que fuera difícil o imposible rastrearlo de cara a su recuperación.

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En este mecanismo de ciberdelincuencia, la ‘mula bancaria’ es la pieza clave, si bien —como ocurre también con las otras ‘mulas’, las que acarrean droga— es el que menos saca de los delitos. Se trata normalmente de personas con pocos recursos y bajo estrato social que, en muchos casos, ignoran que están siendo utilizados para cometer estafas. Sólo saben que alguien, más o menos conocido, les ofrece un dinero fácil por abrir una cuenta a su nombre y ceder luego todas las claves y códigos para que puedan gestionarla otros. Por la apertura de la cuenta reciben cantidades no muy elevadas; según la magnitud de las estafas, pueden ser de 500 o 1.000 euros, pero también son frecuentes pagos incluso menores, de tan solo 50 o 100 euros.

Los castigos penales por esa labor de intermediación cómplice no suelen ser muy graves, lo que explica que no falten voluntarios, pero muchas ‘mulas’ ni siquiera son conscientes de lo que les espera si les pillan. Ni de lo fácil que es detenerlos a ellos, pues son el eslabón más débil de tramas que son perfectamente conscientes de esa fragilidad y que los tratan como herramientas desechables. Cuando la víctima de la estafa toma conciencia del engaño, la única información que puede facilitar a las fuerzas de seguridad es el número de cuenta en la que realizó los ingresos, lo que conduce directamente a las ‘mulas’, que hacen de parapeto para los que verdaderamente se lucran con la estafa.

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Fuentes ligadas a la operación ‘Marcopa/Whitdraw’, que ha llevado al desmantelamiento de la red vallisoletana, están convencidas de que la organización había reclutado a no menos de medio centenar de ‘mulas’ en distintas localidades de la provincia, incluida la capital. Pero ninguno de ellos se encuentra entre los detenidos de los que ha informado el Ministerio del Interior, pues se consideran meros peones. Los diez apresados por la Guardia Civil son miembros de más alto nivel y con mayor responsabilidad en la operativa. Ellos se encargaban de captar a las ‘mulas’, de realizar la gestión de apertura de las cuentas y de apropiarse de la información necesaria para poder gestionarlas.

El dinero que llegaba a esas cuentas era el resultado de, sobre todo, dos tipos de ciberestafas muy extendidas. Una de ellas, la suplantación mediante phishing de la identidad de empresas a las que las víctimas creían estar comprando objetos o servicios, que pagaban en las cuentas de las ‘mulas’, creyendo que eran las cuentas de esas empresas. Bienes que nunca recibieron. La segunda, cada vez más común, es la estafa del ‘hijo en apuros’, que se realiza a través de WhatsApp habitualmente. Una persona recibe el mensaje de alguien que dice ser su hijo y que le explica que ha perdido su móvil y que este desde el que le escribe es ahora su única forma de comunicarse con él. Si el padre entra al trapo, la organización inicia una conversación en la que se inventan todo tipo de argumentos y problemas para terminar enredándole y reclamando al progenitor elevadas cantidades de dinero en nombre del hijo ‘en apuros’. En algunos casos, incluso han sido realizados varios ingresos por cifras importantes.

54.000 euros estafados con el tocomocho

También ayer el Ministerio del Interior informó de la detención, en Ávila, de una mujer presuntamente perteneciente a un clan itinerante especializado en el timo del tocomocho. En esta ocasión fue la Policía Nacional la que apresó a la mujer, a la que se atribuyen tres delitos de estafa por cantidades que superan los 54.000 euros. La primera de ellas se cometió en Ávila, el 3 de septiembre, y los delincuentes lograron 10.000 euros en efectivo y varias joyas. La segunda fue en Talavera de la Reina (Toledo), el 30 de septiembre. En esa ocasión, el clan logró 38.500 euros en efectivo. Dos semanas después, el 14 de octubre, volvieron a delinquir, en esta ocasión en Valladolid, llevándose 6.000 euros.

Como consecuencia de la investigación en las tres localidades, la Policía Nacional identificó a los participantes en las estafas como miembros de un clan familiar itinerante especializado en las modalidades del tocomocho y la estampita, pero únicamente pudo detener a la mujer, a la que constan 36 antecedentes policiales, algunos de ellos por pertenencia a organización criminal. Sobre el resto de los miembros del grupo pesan órdenes de detención.