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La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne de Córdoba y Cáceres. Las víctimas, mujeres de origen sudamericano, eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, siete días a la semana, en condiciones extremadamente precarias y bajo un control constante.
El Cuerpo Nacional de Policía ha informado de la detención de nueve personas: siete en la ciudad de Córdoba y dos en la provincia de Cáceres. Entre los arrestados figuran los máximos responsables del entramado, de nacionalidad brasileña y con lazos familiares. Además, se ha procedido a la liberación de cuatro mujeres y a la identificación de otras 25 potenciales víctimas, entre ellas una madre y su hija.
La investigación arrancó en noviembre de 2025, tras las denuncias de cuatro mujeres que alertaron a los agentes sobre la existencia de una organización dedicada a la trata con fines de explotación sexual en clubes de alterne.
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EFEEl grupo criminal engañaba a sus víctimas ofreciendo puestos de trabajo, y al llegar al domicilio les retiraba el pasaporte para después obligarlas a prostituirseA partir de estas denuncias, los investigadores desarrollaron diversas diligencias que confirmaron la presencia de una estructura criminal asentada en Córdoba y Cáceres, con una jerarquía definida y un reparto de funciones orientado a un objetivo único: la explotación sexual de las víctimas.
Las afectadas, todas de origen sudamericano, eran captadas mediante engaños, aprovechando su especial vulnerabilidad, con promesas de empleos dignos y bien pagados que derivaban en coacciones y amenazas para forzarlas a ejercer la prostitución.
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EFECinco mujeres fueron liberadas durante registros en viviendas de Alcoy, donde los sospechosos las captaban en redes, les imponían deudas y retenían gran parte de sus ingresosLa explotación se llevaba a cabo en dos clubes situados en Córdoba y Cáceres utilizados por la organización, donde las mujeres permanecían bajo un férreo control gracias a sistemas de videovigilancia con circuitos cerrados.
Bajo amenazas y con la menstruaciónEl grupo imponía condiciones especialmente duras, obligándolas a trabajar sin descanso en turnos de 24 horas los siete días de la semana. Bajo amenazas y vejaciones, debían aceptar cualquier práctica sexual solicitada por los clientes, incluso cuando estaban enfermas o durante la menstruación.
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Europa PressUna investigación policial destapa un domicilio donde mujeres vulnerables eran controladas con cámaras y amenazas, mientras se ofrecían estupefacientes a los clientesLa organización fijaba las tarifas y los servicios, incluidos los realizados en el exterior, y prohibía las salidas sin autorización previa de sus responsables. Los responsables de los locales recaudaban los beneficios y después entregaban a las mujeres las cantidades previamente estipuladas por los servicios prestados.
Si las víctimas dejaban de generar ingresos suficientes, ya fuera por llevar demasiado tiempo y resultar conocidas por la clientela o por cuestiones de actitud, eran trasladadas de un club a otro para mantener su explotación sexual.
En el operativo se llevaron a cabo entradas y registros en tres pisos y un club de la ciudad de Córdoba, además de un segundo club en la ciudad de Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, teléfonos y dispositivos electrónicos, diversa documentación y sustancias estupefacientes.
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Europa PressLas pesquisas permitieron centrar las investigaciones sobre una mujer que presuntamente explotaba sexualmente a mujeres vulnerables, procedentes en su mayoría de países sudamericanosA las nueve personas arrestadas se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.
La Policía Nacional mantiene habilitados el teléfono 900105090 y el correo trata@policia.es para apoyar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de estos delitos, sin que la llamada quede reflejada en la factura telefónica.