El Gobierno andaluz de PP y Vox tendrá que afrontar el pago de las ayudas concedidas por el procedimiento de los ERE creado por la administración autonómica bajo los mandatos socialistas entre 2002 y 2008. El proyecto de presupuestos aprobado por el Ejecutivo de Juanma Moreno el pasado viernes incluye tres millones para estas subvenciones, según ha comprobado esta redacción tras consultar la norma que está en tramitación ya en el Parlamento. Se trata de las primeras cuentas en las que ha participado la formación de Santiago Abascal, que entró en la Junta el pasado julio tras su pacto con los populares.

El programa 31C vinculado a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo dedica en su capítulo cuatro, relativo a transferencias a familias y entidades sin ánimo de lucro, 2,5 millones bajo el apartado "ayudas sociales" y 500.000 euros para "ayudas sociolaborales". Se trata de una cantidad muy similar a la que consignaron las cuentas vigentes (2,9 millones), aunque el presupuesto de estas ayudas ha ido disminuyendo paulatinamente. Es lógico, ya que se trata de dinero para pagar prejubilaciones pactadas hace ya un cuarto de siglo en los casos más antiguos y los perceptores han ido reduciéndose al fallecer.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a la cúpula de los gobiernos del PSOE en la primera década de este siglo, en total se repartieron 680 millones de euros por esta fórmula. En el fallo de 2019 fueron condenados 19 exaltos cargos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y fue confirmado en 2022 por el Tribunal Supremo. Dos años después, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional exoneró a la gran mayoría de exdirigentes al considerar que su derecho fundamental a la legalidad penal fue vulnerado.

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La tesis del TC es que la elaboración y aplicación del sistema de reparto de fondos con escasos controles fue una decisión administrativa —se hizo por medio de leyes de presupuestos— que luego fue refrendada por el Parlamento. Más allá de esta polémica decisión del Constitucional, las ayudas nunca dejaron de pagarse, ya que fueron regularizadas en 2012 con un decreto aprobado con el voto a favor de PSOE e Izquierda Unida y que contó con la abstención del PP.

Esto ha provocado que los distintos gobiernos presididos por Juanma Moreno hayan gestionado una parte importante de estas cantidades, que rondan los 60 millones de euros, ya sea en la coalición con Ciudadanos (2018-2022), en solitario con mayoría absoluta (2022-2026) y ahora en alianza con Vox.

3 millones por abonar

Con el pago de las ayudas previstas para 2027 quedarán apenas 3 millones de euros por abonar de estas ayudas sociolaborales, muchas de las cuales siguen judicializadas. La pieza política o del procedimiento específico sólo juzgó la creación del sistema y su puesta en marcha, pero la jueza María Núñez Bolaños optó por crear piezas separadas por cada ayuda concedida, muchas de las cuales aún están en proceso de instrucción.

En total se beneficiaron más de 6.000 trabajadores, entre los cuales hay un número todavía indeterminado de intrusos vinculados al PSOE. En 2022, cuando el PP logró su histórica mayoría absoluta, calculaban que el final de los pagos podría llegar en 2025, pero esa fecha ha quedado desactualizada y, al menos, se irá hasta 2028 entre el pago de las subvenciones y las pólizas vinculadas a ellas.

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Al mismo tiempo que se producen estos pagos, el Gobierno andaluz ha intentado recuperar la parte de las ayudas que las distintas sentencias de las piezas separadas consideran fraudulentas. Al menos 62 millones han sido reconocidos como tal en fallos de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal de Cuentas y la Junta aspira a que esa cantidad llegue hasta 170 millones cuando terminen los procedimientos. Eso no significa que el dinero se recupere de forma automática, como demuestra el hecho de que apenas 27 millones de euros han vuelto a las arcas autonómicas, según las últimas cifras conocidas.

Mientras un gobierno popular sigue abonando las ayudas de los ERE, la representación del PP en el caso activó el pasado año el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con la exoneración que el Constitucional aplicó a los exdirigentes socialistas en la pieza política. El tribunal sentenciador, la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, aceptó la petición de los populares y trasladó a Luxemburgo la consulta al detectar una posible "extralimitación" de la corte de garantías.

Este movimiento fue justificado por el propio Juanma Moreno, que explicó que la cuestión prejudicial ante la UE podría servir para "recuperar los 700 millones", en alusión a la cantidad total repartida en casi una década. Así, defienden en la Junta, el Gobierno autonómico podrá "ser oído" después de que el Ejecutivo de Susana Díaz decidiera sacar a la Administración del proceso como parte perjudicada.

Con la elevación a Bruselas, defienden fuentes de San Telmo podría "defender sus intereses" en un procedimiento que ya ha cumplido 15 años desde las primeras investigaciones. El pasado abril, la Comisión Europea defendió que el TJUE es "manifiestamente incompetente" para responder a las cuestiones planteadas por el tribunal sevillano, ya que lo juzgado en los ERE "no tiene ningún vínculo" con el derecho de la UE.