El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros un plan de emergencia de 165 millones de euros para evitar el colapso económico y logístico de Ceuta. Un mes después de la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes desde Marruecos a través del espigón del Tarajal, la situación ha mutado en una crisis económica y de seguridad nacional que mantiene a la ciudad, como define su consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, en un escenario de "economía de guerra". El paquete de ayudas busca responder a las alertas de bancarrota emitidas por el Ejecutivo local y paliar el hundimiento que sufren el comercio de proximidad y el turismo.

El diseño de este plan urgente, que se sumará a los 180 millones del escudo a medio plazo anunciado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, parece dialogar con las exigencias del Gobierno ceutí. La iniciativa contempla una inyección directa de 80 millones de euros en la economía de la ciudad. De ellos, 35 millones irán destinados a pymes y autónomos, y otros 15 millones a dinamizar el comercio y el turismo, cumpliendo la premisa autonómica de que hay que ayudar al comercio, a la hostelería, al turismo y a los trabajadores afectados por la cancelación de la campaña de agosto y el desplome de la actividad.

Asimismo, el Ejecutivo central inyectará 15 millones de euros adicionales para fortalecer la sanidad, la educación y la justicia. A estos fondos se suman los 25 millones acordados con las comunidades para la atención de la infancia migrante (una reivindicación clave de Ceuta) y la ampliación de 44,5 millones confirmada por la ministra Elma Saiz para acogida humanitaria. "Cada euro que destinemos a una competencia que corresponde al Estado es un euro que dejamos de invertir en los ceutíes", advirtió Chandiramani para exigir un auxilio estatal proporcional a la crisis.

El colapso logístico y el retorno pendiente

Mientras se cuadran las cifras para frenar el golpe reputacional y proteger la estrategia tecnológica de una urbe que puede convivir con su condición fronteriza pero no con la emergencia perpetua, la realidad sobre el terreno sigue desbordada. El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, exige al Gobierno una "hoja de ruta clara" y un calendario definido para lograr el retorno de los miles de migrantes que permanecen en el territorio (unos 9.000 según los cálculos locales; cerca de 5.000 según Interior).

Las infraestructuras de acogida están pulverizadas. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con capacidad para 512 plazas, alberga a más de 800 personas, lo que ha obligado a habilitar naves industriales y la zona de embolsamiento de Loma Colmenar para evitar que miles de personas sigan durmiendo en las calles y los montes. Esta tensión logística se ha trasladado a la sociedad civil: en los últimos días se han sucedido manifestaciones diarias convocadas por redes sociales donde ceutíes de distintas confesiones reclaman unidad, reivindican la españolidad del territorio y exigen la expulsión de quienes cruzaron la frontera el pasado 30 de julio.

Todo este esfuerzo de reconstrucción económica y estabilización social convive con la sombra de la mayor tragedia humana documentada en la frontera sur. La entrada masiva se cobró la vida de más de un centenar de personas que murieron ahogadas o aplastadas en el tumulto. Hasta la fecha, la Guardia Civil ha recuperado 83 cuerpos en el entorno del Tarajal, de los cuales apenas una decena han podido ser identificados mediante pruebas de ADN y huellas dactilares por los equipos forenses. Un mes después del colapso, Ceuta busca los fondos para no quebrar mientras se pregunta hasta cuándo durará la presión.