El Gobierno carga con dureza contra la decisión del Tribunal Supremo de mantener las medidas cautelares que impedirán el voto de decenas de miles de españoles nacionalizados por la llamada ley de nietos, pero se compromete a acatar la orden de los magistrados, aunque aún no sabe cómo podrá hacerlo técnicamente, porque asegura que es muy complejo con las elecciones ya convocadas y el censo cerrándose. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha sido rotunda en cuanto le han preguntado por esta decisión: “El Gobierno considera que es una situación de extraordinaria gravedad; el derecho a voto en una democracia se garantiza, no se restringe”.
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