El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo fijó para 2025 el inicio de un juicio contra la delegación en España de la Fundación British Council por un presunto caso de bullying escolar en uno de sus centros educativos en la localidad. Un año después de aquella primera convocatoria, la vista oral continúa dilatándose y amenaza con acumular nuevos retrasos. El centro, demandado por los padres de una alumna que reclaman una indemnización de 35.000 euros por el presunto acoso sufrido por su hija y las secuelas que, según sostienen, le provocó, ha solicitado ahora más tiempo para poder aportar una prueba pericial.

El procedimiento tiene su origen en los hechos denunciados por la familia cuando la menor tenía 13 años. Según el relato trasladado a los tribunales, la alumna comenzó a recibir mensajes de acoso por parte de dos compañeras y sus padres pusieron la situación en conocimiento de la dirección del centro después de que su hija llegara a recibir hasta 400 comunicaciones de carácter vejatorio.

La familia sostiene que, pese a sus reiteradas advertencias, el colegio no adoptó las medidas necesarias para frenar la situación. Por el contrario, la dirección del centro educativo abrió un expediente interno a la propia menor por un supuesto mal comportamiento, una decisión que desembocó en varias expulsiones y que sorprendió a sus progenitores, que entendían que su hija era precisamente la víctima de la situación que habían denunciado.

El conflicto acabó así trasladándose a los tribunales. Los padres atribuyen al episodio de acoso y a la respuesta ofrecida por el centro unas consecuencias graves para la salud de la menor, entre ellas el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Sobre esa base reclaman al British Council una indemnización de 35.000 euros y sostienen que existió una actuación insuficiente ante las señales de alarma que habían puesto en conocimiento del colegio.

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Sin embargo, el procedimiento judicial avanza con dificultades. En una reciente diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juzgado reclamó al centro educativo que comunicara fechas disponibles durante los meses de septiembre y octubre para la comparecencia de su perito, propuesto por el British Council para tratar de rebatir las conclusiones aportadas por la familia.

La respuesta trasladada al juzgado es que el experto no podrá comparecer hasta el 19 de octubre como fecha más temprana. Ese calendario abre la puerta a un nuevo retraso dentro de un procedimiento cuya vista oral comenzó a señalarse ya en 2025 y en el que la práctica de la prueba pericial se ha convertido en uno de los principales obstáculos para avanzar hacia su resolución.

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La pericial propuesta por el British Council pretende confrontar el informe aportado por la representación de la menor. Ese estudio fue elaborado por el psiquiatra José Cabrera después de explorar a la niña con el objetivo de determinar las posibles secuelas físicas y psicológicas derivadas de los hechos denunciados.

En sus conclusiones, Cabrera sostenía que el relato de la menor "goza de un alto grado de verosimilitud y, por tanto, es creíble desde el punto de vista médico forense". El informe no solo examinaba las consecuencias psicológicas del episodio, sino que establecía además una relación entre la situación vivida en el centro y el deterioro posterior del estado de salud de la alumna.

“La menor peritada ha sufrido un acoso vertical por parte de algunos de sus profesores en el British Council School. Dicho acoso ha provocado una situación de estrés agudo que ha desembocado en un trastorno de anorexia nerviosa”, señalaba el especialista.

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El psiquiatra añadía que esa anorexia nerviosa había provocado "un grave trastorno músculo-esquelético del cual la paciente ha tardado en recuperarse parcialmente más de un año", periodo durante el cual, según el informe, presentó una "incapacidad parcial escolar y para las actividades de la vida diaria".

Precisamente esas conclusiones constituyen uno de los elementos centrales de la reclamación presentada por la familia y son las que el centro pretende discutir mediante su propia prueba pericial. La celebración de esa comparecencia resulta, por tanto, relevante para que el juzgado pueda confrontar ambas versiones antes de dictar resolución. El problema es que hasta ahora ninguno de los intentos de practicar esa prueba ha llegado a prosperar. Según aseguran fuentes jurídicas consultadas, se han producido al menos tres intentos de convocar la pericial de contradicción.

Tres intentos

En una primera ocasión, el British Council comunicó que no fijaría fechas para la comparecencia hasta disponer de la grabación de la única sesión de la vista oral celebrada hasta ese momento. Posteriormente, volvió a señalarse la prueba, pero pocas horas antes de que tuviera lugar, el perito alegó una enfermedad que le impedía acudir al juzgado.

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Ahora, el nuevo requerimiento judicial para encontrar fechas durante septiembre y octubre se ha encontrado con otra dificultad de agenda: el experto designado por el centro ha comunicado que únicamente podrá comparecer a partir del 19 de octubre.

La sucesión de incidencias ha prolongado así un procedimiento que aborda unos hechos ocurridos varios años atrás y cuya resolución continúa pendiente. La familia mantiene mientras tanto su reclamación contra el centro y atribuye al episodio de acoso unas consecuencias que, según la documentación aportada a la causa, se prolongaron durante más de un año.