La suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos confirmada este lunes por el Tribunal Supremo cierra la puerta a que este de marcha atrás en su decisión tras el adelanto electoral, como habían pedido la Abogacía del Estado y la Fiscalía, y abre un sinfín de dudas sobre cómo va a poder llevarse a cabo esa medida sin precedentes. Los magistrados dejan su cumplimiento en manos de la Oficina del Censo Electoral y de los consulados que, ya antes de se convocaran las elecciones generales para el 29 de noviembre, consideraban “materialmente imposible” culminar a tiempo para las elecciones autonómicas y municipales de mayo la revisión del Censo de Electores de Residentes Ausentes (CERA) que requiere la orden del Supremo. En sus autos de este lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado, además, ofrecer a los afectados (163.020 personas, según la Abogacía) personarse en el procedimiento en el plazo de cinco días, lo que puede derivar en un aluvión de recursos de difícil gestión a mes y medio de las elecciones.
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