El Tribunal Supremo aprecia que el “incremento extraordinario” del número de votantes incluidos en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA), derivado de la ley de nietos y de una instrucción administrativa posterior, entraña “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”.

Así lo recoge la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en dos autos con los que acuerda, a petición de Iustitia Europa y Vox, suspender de forma cautelar las inscripciones en este padrón de quienes obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la citada Ley de Memoria Democrática. El dictamen es drástico: no solo ordena paralizar las nuevas altas hasta que se dicte sentencia, sino que suspende los efectos electorales para los sucesivos comicios de aquellos ciudadanos que ya habían logrado inscribirse en el exterior.

El alto tribunal establece una única excepción a este cerrojazo censal: la medida no afectará a quienes aporten una certificación consular que acredite documentalmente que sus ascendientes sufrieron un exilio real por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Quedan bloqueados, por tanto, todos aquellos expedientes tramitados bajo la presunción general y automática que fijaba la polémica instrucción dictada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Dicha directriz amplió el perímetro de la ley, permitiendo optar a la nacionalidad a los descendientes sin exigir prueba de represión o asumiendo el exilio por el mero hecho de haber salido de España entre 1936 y 1955, un coladero legal del que ya había advertido el sindicato CSIF por la falta de garantías en los consulados.

Un impacto masivo en Madrid y Barcelona

Para justificar la urgencia de la cautelar (el periculum in mora), los magistrados constatan un riesgo de alteración sin precedentes motivado por el desorbitado impacto demográfico de la norma. Según los datos esgrimidos en los autos, el censo exterior creció en 408.262 electores desde las últimas generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026. Este aluvión tiene consecuencias directas en el número de votantes de circunscripciones clave que pueden decantar unas elecciones: Madrid sumó 115.572 nuevos inscritos y Barcelona engordó su censo en 43.439 electores.

La magnitud del fenómeno es global. Según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se han registrado más de 2,45 millones de peticiones de cita en oficinas consulares (principalmente en Argentina, Cuba, México, Chile y Venezuela). Vox, que alertó en su recurso de que estas personas carecen de "arraigo" en territorio nacional, advirtió de un ritmo de tramitación incesante en las embajadas, con entre 10.000 y 16.000 nuevas inscripciones al mes listas para engrosar el CERA.

"Desviación procesal" frente a la transparencia

La contundencia de los autos choca frontalmente con los argumentos esgrimidos por el Gobierno durante la vista pública y con el voto particular discrepante firmado por la magistrada María Alicia Millán Herrandis. En su extenso escrito, la jueza advierte que la suspensión supone "privar de uno de los efectos más relevantes inherentes al reconocimiento de la nacionalidad", como es el derecho fundamental al sufragio activo reconocido en la Constitución. Millán Herrandis considera que el tribunal incurre en una incongruencia procesal al basar el supuesto riesgo electoral en una "hipótesis futura e incierta".

Esta tesis es compartida por la Abogacía del Estado, que acusó a los recurrentes de "desviación procesal". Los servicios jurídicos del Ejecutivo defendieron que, si había dudas legales, el recurso debía dirigirse contra la concesión de la nacionalidad en sí misma, y no intentar privar de derechos a personas amparadas por actos administrativos firmes, recordando que la inscripción censal es solo una consecuencia ulterior. La Junta Electoral Central (JEC), por su parte, ya había rechazado intervenir previamente al considerar que carecía de competencias para fiscalizar la concesión de nacionalidades.

Terremoto en el bloque de investidura

La maniobra del Supremo, que congela un caladero de votos que la oposición de PP y Vox siempre ha considerado diseñado a la medida de Pedro Sánchez para las generales de 2027, ha provocado una profunda irritación en el seno de la coalición gubernamental. Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz dejó constancia de que el Ejecutivo no comparte "esta decisión contraria al criterio del Gobierno".

El malestar trasciende lo técnico y entra en el terreno del choque institucional. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, urgió al Supremo a dictar una sentencia definitiva rápida para evitar la "confusión" de dejar en el limbo a miles de ciudadanos. Más duras fueron las reacciones de los socios: mientras la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, enmarcó la demanda en una "estrategia de PP y Vox para bombardear el sistema democrático sembrando sospechas", desde Sumar interpretaron el auto como una injerencia directa. Su portavoz, Verónica Martínez Barbero, tachó el bloqueo censal como "la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne".