Alberto Núñez Feijóo siempre ha entendido, creído y defendido que, en caso de llegar al Gobierno, el PP debía tener una relación estable y de "respeto" con los sindicatos mayoritarios, un vínculo que él forjó décadas atrás durante su etapa al frente de Correos e incluso de la Xunta de Galicia. El ahora presidente del Partido Popular se esforzó en mantener esa conexión cuando aterrizó en Madrid hace ahora cuatro años y medio a través de una interlocución más o menos frecuente, en la que intentaba hacerles partícipes en la discusión y elaboración de propuestas en materia social.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, fue uno de los invitados al congreso nacional en el que Feijóo fue elegido líder del PP y en el que se dio carpetazo a la crisis protagonizada por Pablo Casado. Fue un gesto decisivo y una declaración de intenciones del tipo de política que el líder del PP quería hacer en Madrid y en Moncloa, si lograba llegar. Pero los propósitos chocan a menudo con una realidad tozuda en que la crispación y la politización casi de cualquier causa sustituyen todo atisbo de institucionalidad.

Los sindicatos mayoritarios han tenido más de un choque con Génova por multitud de cuestiones a lo largo de estos últimos años, enfrentamientos que, no obstante, Feijóo ha tratado de corregir a través de una interlocución "constante" y de gestos relevantes como el hecho de que fuese el primer líder del PP en acudir a un congreso de UGT en plena batalla por lograr respaldo de los agentes sociales a su ley de conciliación, cosa que finalmente nunca consiguió. Ahora los contactos son más escasos y Feijóo ha puesto una distancia evidente con los líderes de las dos principales organizaciones, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

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El pasado lunes, durante los habituales corrillos posteriores a la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, Feijóo reveló que en los últimos días ha "hablado" con algunos mandos sindicales, pero no con los secretarios generales. El líder del PP repitió ante los periodistas una afirmación que ha hecho en multitud de ocasiones: que "siempre he sido partidario de los sindicatos", pero que decisiones como la de convocar una huelga general por la vivienda en la antesala del arranque oficial de una campaña electoral "socavan su legitimidad", sobre todo porque no han promovido movilizaciones similares a lo largo de todo el mandato de Sánchez.

El último paro a nivel nacional promovido de forma conjunta por CCOO y UGT se produjo hace nada menos que 14 años, cuando Mariano Rajoy estaba aún en el Gobierno y se protestó de forma masiva contra las políticas de austeridad y los recortes de su Ejecutivo. La convocatoria nacional, prevista para el 11 de noviembre, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los populares y que pone al límite las relaciones entre el primer partido de la oposición y las dos organizaciones. "La huelga general se convoca contra la oposición por derribar los dos decretos de vivienda", llegó a aseverar María Jesús Montero.

En la cúpula de Génova aseguran no entender por qué CCOO y UGT contaminan de este modo las relaciones con el partido de Feijóo cuando saben que existe una alta probabilidad de que sea el próximo inquilino de la Moncloa y, por tanto, que tendrán que "sentarse" con el futuro Gobierno para intentar llegar a acuerdos. Estos días, prácticamente todos los portavoces del PP han salido en tromba contra Sordo y Álvarez por impulsar ahora una "huelga política manejada por el Gobierno" para intentar movilizar al electorado de izquierdas a tan solo unos días de volver a las urnas.

En Génova aseguran ser conscientes de que la huelga general es sólo un anticipo de lo que sucederá si Feijóo pone un pie en la Moncloa. A su juicio, "arderán las calles" de un modo sin precedentes, sobre todo si firman una coalición de Gobierno con Vox, y creen que "hay que estar preparados" para resistir a ese escenario.

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Sánchez intentó aprovechar el estallido social por la crisis de la vivienda en su favor, para tener una oportunidad frente a Feijóo en unas generales con medidas como la prohibición de los desahucios que volverá a llevar a Diputación Permanente antes de que se abran las urnas. En Génova creen que no es un discurso que cale especialmente en la sociedad y que incluso se le podría volver en contra después de conocerse escándalos y contradicciones tan lacerantes como el de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que maneja un holding con 30 pisos en alquiler de los que habría desahuciado a vecinos, según publicó Artículo14.

En el PP califican la convocatoria de "huelga preventiva" contra una posible coalición entre PP y Vox que ven incluso contraproducente para los propios sindicatos. "El PP siempre ha sido el partido abierto al diálogo y a posibles acuerdos con Comisiones Obreras y UGT, pero nos dejan sin argumentos frente a Vox, que pide que les recortemos las subvenciones", analiza un alto cargo.

No en vano, la entrada de Santiago Abascal en un eventual Consejo de Ministros liderado por Feijóo es una realidad que ninguno de los dos partidos niega. Ya tienen experiencia en cuatro gobiernos autonómicos en los que este mismo año se han renovado acuerdos de coalición y que sirven de ensayo para el experimento nacional. Y uno de los puntos firmados también por el PP a propuesta de Vox es "la reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública" al 50%, siempre que no acrediten una "utilidad pública efectiva".

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Si el líder del PP cediera ante Abascal, el recorte de prestaciones a las citadas organizaciones ya provocaría un enorme revuelo, al igual que otras medidas en las que el candidato del Partido Popular se ha enfocado en los últimos días y que generan debate, como la de corregir el absentismo laboral y brindar más poder a las mutuas privadas o promover "reformas" para mantener la viabilidad del sistema de pensiones. La relación entre Feijóo y los sindicatos está herida, y el enrevesado contexto político impide hoy por hoy cualquier intento de sutura.