Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aclaró la detención de Inés Gómez Mont, en Florida, y señaló que tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México; sin embargo, aclaró, la captura de la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga se llevó a cabó por su situación migratoria.

Además, la deportación de Inés Gómez Mont depende de los tribunales de Estados Unidos, según dijo la titular de la FGR.

“Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró Godoy.

¿Qué dijo Ernestina Godoy, titular de la FGR, sobre la deportación de Inés Gómez Mont?

En un mensaje publicado la tarde de este lunes 2 de noviembre, Ernestina Godoy explicó que Inés Goméz Mont tiene tres órdenes de aprehensión.

La primera orden de detención fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por la probable participación de Gómez Mont en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Otras dos órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont se solicitaron por parte de la Fiscalía de Control Competencial por los delitos de defraudación fiscal equiparada.

“De acuerdo con nuestras investigaciones, Inés ‘N’ habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma.

Asimismo, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos”, enfatizó la titular de la FGR.

Para la Fiscalía, las conductas de las que se acusa a Inés Gómez Mont “son graves”. “El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales”.

¿Qué ha hecho la FGR en el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga?

Durante su mensaje, Ernestina Godoy detalló también las acciones que la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo para presentar a Inés Gómez Mont ante los tribunales mexicanos.

Según dijo, en septiembre de 2025 se solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Inés Gómez Mont con fines de extradición a México.

Tras la solicitud, “en las últimas semanas” y en colaboración con autoridades estadounidenses se entregaron las órdenes de aprehensión y se intercambió información para que se llevara a cabo la captura de la exconductora de televisión en México.

“Inés ‘N’ goza de la presunción de inocencia. Serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad. A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos”, concluyó Ernestina Godoy en su mensaje.

Inés Gómez Mont pide su libertad en Estados Unidos

La defensa de Inés Gómez Mont presentó el sábado 31 de octubre una demanda de habeas corpus ante una corte federal de Florida para impugnar su detención migratoria en Estados Unidos. El recurso busca que un juez revise los motivos legales de su arresto.

De acuerdo con información publicada por Reforma, el juez federal Jeffrey Kuntz solicitó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras autoridades que justifiquen por qué la conductora permanece detenida. La respuesta deberá entregarse a más tardar el miércoles 4 de noviembre.

La defensa también pidió impedir que Gómez Mont fuera trasladada a otro centro de detención, pero el magistrado rechazó esa medida de emergencia. El expediente permanece bajo reserva y contiene informes médicos de una de sus hijas, que sus abogados buscan utilizar para solicitar que permanezca en Miami.

En México, Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, en un caso relacionado con el supuesto desvío de recursos públicos.