Uno de los estandartes de Alberto Núñez Feijóo, que en 2009 alcanzó la Xunta, fue el idioma gallego. El entonces líder del PP de Galicia recogió el rechazo que en una parte de la sociedad provocó un decreto de galleguización de la enseñanza, promovido por el gobierno de coalición de PSdeG y BNG, para, agarrado a la bandera de la defensa del castellano, canalizar la campaña que le convirtió en presidente. Al año siguiente derogó la norma con una nueva normativa que, entre otras medidas, obligaba a impartir en castellano las asignaturas de Matemáticas, Física y Química, y Tecnología en la ESO. Este jueves, esa imposición que se convirtió en simbólica queda atrás con el acuerdo parlamentario de PP y PSdeG para anular la reforma de 2010.

No son habituales en España los pactos entre los dos grandes partidos; tampoco en Galicia, donde los nacionalistas del BNG —opuestos a la medida por insuficiente— están muy por delante del PSdeG en el Parlamento. Pero la habitual falta de entendimiento entre populares y socialistas no ha impedido un trato que en la práctica enmienda uno de los grandes argumentos que catapultaron a Feijóo. Para añadirle picante, lo ha pilotado su sucesor en la Xunta y en el PP de Galicia, Alfonso Rueda, protagonista en su día en la lucha contra el decreto del gobierno bipartito, que fijaba un mínimo del 50% de las asignaturas en gallego.

Si hace dos décadas las protestas de entidades como Galicia Bilingüe movilizaron a parte de la sociedad ante lo que consideraban una imposición del gallego, el denominado decreto del Plurilingüismo de Feijóo provocó manifestaciones masivas lideradas por plataformas como Queremos Galego. La balanza se inclinó definitivamente a favor de este sector en 2024, cuando el Instituto Galego de Estatística publicó un informe que reveló que, por primera vez en la historia de los registros, el castellano superaba al gallego como idioma más hablado en la comunidad autónoma. El uso habitual del gallego había caído al 7% entre los menores de 15 años.

Ese informe y el tiempo transcurrido desde las movilizaciones contra el decreto de galleguización facilitaron el documento firmado esta semana por los portavoces parlamentarios de ambos grupos, un acuerdo que refuerza el perfil propio de un Rueda que se distancia de Feijóo y se sitúa en contra de los criterios de su partido en otras comunidades autónomas. Al PSdeG, mientras, le permite recuperar visibilidad frente a un BNG que casi triplicó sus diputados en las últimas autonómicas, con 25 escaños frente a 9 de los socialistas. El Bloque se ha desmarcado de lo que considera un “teatrillo” al que se suma el PSdeG a cambio de cargos institucionales como la Vicevaledoría do Pobo.

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A partir del curso 2028-29, el nuevo decreto permitirá a los centros impartir en gallego las materias hasta ahora vetadas: Matemáticas, Tecnología y Física y Química. Para ello, el bloque formado por Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología, que hasta ahora se impartían obligatoriamente en gallego, deberá darse en castellano. Así lo explicaron tanto el PP como la Xunta, lo que provocó el primer roce con los socialistas cuando apenas había transcurrido una hora desde la firma del acuerdo, ya que el PSdeG subraya que esa interpretación no aparece en la literalidad del pacto. Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, eso supone en la práctica “cambiar una prohibición por otra”: “Quitar matemáticas de la lista negra para poner biología o historia”.

De hacerse como proponen los populares, la elección del idioma se hará en bloques de asignaturas y recaerá en cada centro educativo, para simplificar la aplicación práctica y evitar que la decisión recaiga en el profesor o que se cambie de lengua por cursos. Será necesario modificar los apartados del Decreto 79/2010, del 20 de mayo, de forma que en los centros bilingües el 50% del horario lectivo de las materias no lingüísticas deba impartirse en gallego. En el caso de los centros plurilingües, con una tercera lengua vehicular y un reparto del 33%, los centros adaptarán su proyecto lingüístico para garantizar el equilibrio.

El acuerdo PP-PSdeG recoge otras novedades, como una revisión anual de su cumplimiento, medidas de control en los centros educativos de su proyecto lingüístico o, en materia de educación infantil, que el profesorado utilice en las aulas “la lengua materna predominante”, con “una especial atención a que en todos los ámbitos y especialmente en los entornos urbanos y periurbanos, el gallego se use tanto como el castellano”. También afecta a la sanidad y a la promoción de que en los medios públicos y privados las declaraciones efectuadas en lengua gallega sean transcritas respetando el idioma en el que fueron realizadas.

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En financiación, se incrementará en 1,5 millones al año la dotación presupuestaria para el fomento del gallego durante la presente legislatura y se garantizará que en los próximos años las partidas dedicadas al fomento, difusión y promoción de la lengua gallega experimenten una subida nunca inferior al incremento general del presupuesto, con una movilización superior a los 65 millones.

El acuerdo no ha logrado de momento más que un tibio respaldo por parte de un organismo asesor y consultivo fundamental, el Consello da Cultura Galega (CCG). Su presidenta, Dolores Vilavedra, aplaudió la incorporación de parte de la agenda formulada por el CCG en el documento Un país coa súa lingua, especialmente en los ámbitos de sanidad, tecnologías, recursos lingüísticos y transmisión familiar y juvenil, algo que valora satisfactoriamente. Pero no dudó en denunciar que, en materia de Educación, el pacto debería “tener un mayor alcance”.