México tiene una paradoja digital. Ya tenemos la infraestructura de pagos digitales, pero seguimos usando el efectivo para casi todo. Según datos recopilados en el estudio de México Evalúa, “Digitalizar para crecer”, cerca del 86% de la población usa internet, 77% de los adultos tiene algún producto financiero formal, y hay herramientas como SPEI, CoDi, DiMo, un vasto ecosistema Fintech y millones de terminales. Sin embargo, sólo 41.4% de los adultos hace o recibe pagos digitales. Para compras menores a 500 pesos, 85% sigue usando efectivo.
La nueva iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada junto con el Paquete Económico 2027, me parece una iniciativa necesaria y conveniente. Parte de un diagnóstico correcto: hay que cerrar la brecha entre disponibilidad y uso. La propuesta obliga a ampliar la aceptación de pagos digitales, incorpora herramientas de identidad digital y da nuevas facultades a las autoridades. Es un avance, pero desatiende una pregunta decisiva: ¿por qué una persona que hoy paga en efectivo decidiría dejar de hacerlo?
El efectivo persiste porque funciona. Es aceptado en todas partes, es inmediato y para quien lo usa parece gratuito y confiable. Un negocio no invertirá en pagos digitales si sus clientes no los usan, y el consumidor no cambiará si muchos negocios incluso ofrecen productos y servicios que cuestan menos si se pagan en efectivo. La tecnología, por sí sola, no rompe ese círculo.
La nueva ley necesita algo más que “habilitar” pagos digitales. Aquí propongo los puntos a considerar para lograr la adopción masiva:
El primero es un comité de gobernanza que coordine a todas las instituciones involucradas del gobierno, con participación del sector privado. Debe diseñar una estrategia nacional de adopción de pagos digitales con las intervenciones necesarias para ese fin; tener metas claras, responsables e indicadores públicos, así como monitoreo y evaluaciones periódicas que midan y registren el avance sobre qué sí funciona y qué debe corregirse.
El gobierno ya tiene una herramienta formidable: paga nómina, proveedores y programas sociales; cobra impuestos, derechos, carreteras y servicios. Puede acelerar la adopción si condiciona apoyos sociales, contratos y transferencias al uso incremental de los pagos digitales. Esta medida puede modificar hábitos con mayor rapidez que una campaña de comunicación.
Una palanca muy importante está fuera de la Ley de Economía Digital: los incentivos fiscales. México debería probar, de manera focalizada y evaluable, mecanismos que motiven a pagar digitalmente y pedir comprobante. Por ejemplo, condicionar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al incremento gradual de su pago digital, o incluso una lotería de beneficios a las facturas digitales (CFDI). Se trata de experimentar para identificar qué cambia el comportamiento al menor costo fiscal.
También se pueden utilizar mejor los beneficios que ya existen y se quieren expandir en este Paquete 2027. Sería razonable que una proporción creciente de los pagos de los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) sean electrónicos. El beneficio fiscal tendría mayor trazabilidad y una red más amplia de comercios que aceptan pagos digitales. También ayudaría a monitorear que no migren al Resico contribuyentes que excedan los ingresos tope; o negocios que fraccionen sus operaciones en varios registros de contribuyentes para calificar a este régimen.
Nada de esto implica eliminar abruptamente el efectivo. México mantiene brechas importantes de conectividad, ingreso y capacidades digitales. Cualquier restricción debe estar condicionada a que las personas tengan una alternativa real, accesible y segura para llevar a cabo los pagos digitales.
También debemos elevar la ambición y cambiar lo que medimos. Transferir de manera digital el beneficio de un programa social en una cuenta no significa que el dinero se haya vuelto digital si el monto se retira en efectivo. Una terminal instalada tampoco es adopción si no se utiliza. Por eso es importante medir cuánto dinero permanece y circula digitalmente y cuántos comercios siguen prefiriendo el efectivo meses después de haber sido incorporados al pago digital.
México ya tiene la infraestructura. Ahora necesita resolver el problema de adopción. La discusión de la nueva Ley de Economía Digital ofrece una oportunidad poco común para hacerlo.