(Hamlet, William Shakespeare) “The lady doth protest too much, methinks”, la frase de Hamlet —que suele traducirse como “la dama protesta demasiado”— no significa que “protestar demuestre culpabilidad”, sino que hacerlo en exceso puede parecer poco convincente y restar credibilidad al declarante.
Esta frase debería guiar a Claudia Sheinbaum ante la crisis de gobernabilidad que enfrentará en 2027. En los últimos meses, durante sus conferencias mañaneras, la presidenta “protesta demasiado” al defender a políticos, funcionarios y allegados a Morena. En la mayoría de los casos, estos individuos son indefendibles o resulta imposible deslindarlos por completo del partido oficial.
Su catálogo de respuestas incluye: “que haya pruebas”, “no hay pruebas”, “no al linchamiento mediático”, “que investigue la Fiscalía”, “que continúe la investigación”, “no vamos a cubrir ni proteger a nadie”, “no hay una investigación”, “que yo sepa, no”, “fue Calderón”, “ellos eran más corruptos”, “son neoliberales”, “es un asunto político” y la frase más famosa de la Cuarta Transformación: “no somos iguales”.
Pero han sido la corrupción del INE y la posible vinculación de la defenestrada Guadalupe Taddei con Morena las que han llevado a la presidenta y a su equipo a una estrategia de comunicación irresponsable y peligrosa. “La dama protesta demasiado, me parece”, dijo Shakespeare.
Cada minuto que Sheinbaum dedica a defender a funcionarios y allegados a la Cuarta Transformación, a deslindar a su gobierno y a Morena de actividades criminales o a acusar a funcionarios del pasado fortalece la imagen de corrupción en su movimiento. Las negaciones diarias y los intentos de desviar la atención de su corrupción y criminalidad han tenido el efecto contrario: aumentar las recriminaciones y el escrutinio en las redes sociales y los medios de comunicación. Fortalece los argumentos de la oposición y de los críticos de que la cuarta transformación es autoritaria, corrupta y antidemocrática.
Aunque la presidencia debe preocuparle y ocuparle que la presidenta consejera Guadalupe Taddei tenga vínculos con el partido oficial, la prioridad inmediata de Sheinbaum debería ser garantizar la viabilidad de las cuestionadas elecciones intermedias de 2027, que se anticipa que serán las más violentas de la historia del país.
El INE ya enfrentaba cuestionamientos por no investigar campañas anticipadas y por la reducción de su presupuesto. Lo más preocupante, sin embargo, es la falta de un plan concreto y viable para detener la influencia, la injerencia y las amenazas de los “narcoterroristas” del crimen organizado.
La crisis del INE y su pérdida de credibilidad son especialmente delicadas para Claudia Sheinbaum ante las acusaciones de que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, presuntamente negoció con el narco. Además, candidatos del partido, incluido el hijo del expresidente, Andy López Beltrán, podrían tener investigaciones en Estados Unidos y México por supuestos vínculos con el huachicol fiscal.
Obviamente, el gobierno tiene que investigar, hasta las últimas consecuencias, los contratos y a los funcionarios involucrados en una red de proveedores corruptos. Durante la conferencia mañanera, la UIF anunció que incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas al menos a 15 empresas y 25 personas físicas. Hay información de que más de 30 personas renunciaron a sus puestos en el IFE, y la ASF anunció una revisión de contratos de las instituciones electorales y sus funcionarios desde los años ochenta.
La intención de la presidenta es desvincular el escándalo del INE de los ocho años de gobierno de la 4T y Morena. Pero renunciar a toda responsabilidad e intentar trasladar la culpa por la corrupción a personas que tuvieron funciones en los últimos 40 años no solo agrava la crisis, sino que raya en un cinismo al borde de la locura.
Solo abona al caos que se aproxima ante la debilidad actual del INE: falta de liderazgo, un proceso de selección inherentemente cuestionado, salida de funcionarios clave y reasignación de contratos que proporcionaban servicios fundamentales para organizar las elecciones.
La prioridad debe ser impedir la participación de organizaciones criminales y reducir la violencia política, no seguir defendiendo lo indefendible. Están en juego la credibilidad electoral y la gobernabilidad del país, además del riesgo de posibles sanciones de Estados Unidos contra partidos y candidatos.
Urge que la presidenta deje de ser la dama que “protesta demasiado” y construya consensos mínimos con la oposición y la sociedad civil sobre cómo proceder ante el riesgo de que el IFE no pueda organizar elecciones que cumplan con los requerimientos mínimos de credibilidad. No bastan las negaciones: la respuesta debe orientarse a garantizar esos comicios. De lo contrario, México podría enfrentar años de insta