La fiscal jefa de Ceuta, Silvia Rojas, ha apuntado a la posible responsabilidad del delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por la “omisión de medidas” para “evitar el resultado lesivo en la avalancha migratoria”. En un escrito en el que daba luz verde para que las denuncias contra Pérez Triano se trasladasen a la Audiencia Nacional ―donde la jueza María Tardón ya ha iniciado una macrocausa en la que analizar lo sucedido los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron en la ciudad autónoma―, la fiscal señala que es preciso que se investigue la planificación y el desarrollo de esta entrada masiva, además de “la información de la que disponían las autoridades españolas” para aclarar lo ocurrido. Fuentes fiscales insisten, no obstante, en que el ministerio público no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de la investigación y que este escrito solo trata de valorar la competencia del órgano que debe dirigir la instrucción.
Seguir leyendo