La Abogacía del Estado pidió este lunes al Tribunal Supremo que rechace la suspensión cautelar solicitada por Vox e Iustitia Europa sobre las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la denominada 'ley de nietos', al considerar que supondría una vulneración del "derecho del sufragio activo, derecho fundamental reconocido en la Constitución".

"¿Cómo podría privarse de derechos judiciales a personas que han adquirido una nacionalidad por actos administrativos firmes?", planteó la abogada del Estado durante la vista pública celebrada por el alto tribunal, convocada para examinar los eventuales efectos electorales de la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite la nacionalidad a descendientes de exiliados.

El Supremo abrió una pieza separada de medidas cautelares para valorar la suspensión solicitada y reclamó a la Junta Electoral Central (JEC) el expediente administrativo pertinente, después de que Iustitia Europa recurriera una resolución de la JEC que había denegado la suspensión cautelar del proceso de elaboración del CERA.

La representación del Gobierno sostuvo que la inscripción en el CERA "simplemente es una consecuencia ulterior de esta fecha de adquisición de nacionalidad".

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La abogada del Estado acusó a Vox y a Iustitia Europa de incurrir en "desviación procesal", al afirmar que, en su caso, el recurso debería dirigirse "contra la adquisición de la nacionalidad, pero no contra sus consecuencias legales, como es la inscripción al CERA", por lo que defendió su inadmisión.

La defensa del Gobierno subrayó que la incorporación al censo electoral "no incluye el modo de adquisición de la nacionalidad" y reprochó a la parte recurrente pretender que se diferencie a "aquellos españoles que han adquirido la nacionalidad como consecuencia de la memoria democrática y de la institución".

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Además, la Abogacía del Estado incidió en que no se ha demostrado que el aumento del censo "vaya a producir una creación real de resultados de un grupo de procesos electorales", por lo que señaló que los argumentos de los recurrentes "se sustentan exclusivamente en riesgos hipotéticos y eventuales".

En consecuencia, el Gobierno solicitó la inadmisión del recurso y, de forma subsidiaria, la desestimación de las medidas cautelares interesadas por los recurrentes.