Una de las últimas providencias dictada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la emergencia durante el día de la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, está fechada hace dos días. El escrito da fe del nivel de detalle por el que está discurriendo la instrucción. Cita como testigos a dos bomberos municipales que participaron en el centro de coordinación convocado por el Ayuntamiento de Valencia aquel día, aunque no fueron al Cecopi organizado por la Generalitat. La jueza ordena también abrir una pieza de informe psicológico para evaluar posibles daños morales en el hermano de uno de los fallecidos; une a la causa un archivo con una conversación de WhatsApp de la alcaldesa de Catarroja, Lorena Sirvent, en la que aconsejaba subir a plantas antes de que el ES-Alert llegase a los móviles de los ciudadanos desde Emergencias; y pide incorporar un informe de la Policía Local del mismo ayuntamiento con una cronología del 29-O.

La resolución es solo una de las 588 que la magistrada ha dictado desde el inicio de la investigación judicial de la dana, poco después de la barrancada. Explica por qué sigue abierta casi dos años después y por qué quedan todavía varios meses antes de que decida cerrar la investigación, según interpretan acusaciones presentes en el procedimiento. La minuciosidad de las actuaciones ha llevado a desfilar por el juzgado de Catarroja a casi 700 personas y quedan todavía testificales por tomar.

La juez investiga si alguna de las 233 muertes atribuidas a la dana (hay otras cuatro en estudio que todavía no se atribuyen a la dana) se pudo haber evitado con una mejor gestión por parte de los responsables de coordinar la respuesta a la emergencia. En la causa, siguen investigadas por homicidio por imprudencia solo dos personas, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que era su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La jueza considera que el mensaje ES-Alert llegó tarde y con un texto erróneo y cuestiona la cadena de mando y toma de decisiones aquel día, empezando por la de no convocar el Cecopi hasta las cinco de la tarde, cuando las inundaciones en Utiel ya se habían cobrado las primeras vidas y Aemet había lanzado su aviso rojo por la descarga de lluvia a primera hora de la mañana.

El jefe de Emergencias declara que propuso mandar el ES-Alert antes de las 18 horas y Pradas no le apoyó

Víctor Romero. ValenciaJorge Suárez revela a la jueza de Catarroja que a las 19:07 ya había un mensaje de aviso a la población subido a la plataforma ante el temor a la rotura de la presa de Forata, pero no salió hasta las 20:11 horas

Los intentos de algunas acusaciones populares como Liberum o Hazte Oír de imputar a la exdelegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y otros cargos de los organismos estatales, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, han caído en saco roto. Tanto la instructora como la Audiencia Provincial de Valencia, en contestación de los recursos, han dejado claro que la competencia en protección civil correspondía a la Generalitat y sus responsables de emergencias.

Los investigados también han tratado de apartar a la jueza con quejas al Consejo General del Poder Judicial por una supuesta injerencia en el proceso de su marido, el también juez Jorge Martínez, pero la Comisión Permanente del Poder Judicial ha rechazado expedientarla por no ver irregularidades y ha cuestionado la legalidad de unos audios presentados por el abogado y youtuber Rubén Gisbert.

El mismo argumento que ha dejado fuera de la investigación a los cargos del Gobierno de Pedro Sánchez es el que llevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a rechazar la exposición razonada de la jueza para que se investigase al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Según el tribunal autonómico, no han aparecido pruebas de que Mazón interviniese o bloquease órdenes de Pradas, y tampoco tenía un papel de "garante" de la protección civil. El exbarón autonómico tuvo que dimitir del cargo, muy desgastado por el malestar de las asociaciones de víctimas y después de que quedase al descubierto que pasó toda la tarde de la dana reunido con la comunicadora Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, pese a haber recibido avisos de sus subordinados de lo que estaba ocurriendo aquel día.

El mensaje de Pradas a Mazón a las 13.03 horas: "Lo que más preocupa ahora es el barranco del Poyo y el río Magro"

Víctor Romero. ValenciaEl presidente contesta "cojonudo" al mensaje que le envió la exconsejera al mediodía sobre las alertas hidrológicas activadas en el barranco. "Igual a las 19 horas vamos a 112", escribe Mazón a las 16:28 tras el primer muerto

Una de las últimas providencias dictadas por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la emergencia durante el día de la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, está fechada hace dos días. El escrito da fe del nivel de detalle por el que está discurriendo la instrucción. Cita como testigos a dos bomberos municipales que participaron en el centro de coordinación convocado por el Ayuntamiento de Valencia aquel día, aunque no fueron al Cecopi organizado por la Generalitat. La jueza ordena también abrir una pieza de informe psicológico para evaluar posibles daños morales en el hermano de uno de los fallecidos; une a la causa un archivo con una conversación de WhatsApp de la alcaldesa de Catarroja, Lorena Sirvent, en la que aconsejaba subir a plantas antes de que el ES-Alert llegase a los móviles de los ciudadanos desde Emergencias; y pide incorporar un informe de la Policía Local del mismo ayuntamiento con una cronología del 29-O.

La resolución es solo una de las 588 que la magistrada ha dictado desde el inicio de la investigación judicial de la dana, poco después de la barrancada. Explica por qué sigue abierta casi dos años después y por qué quedan todavía varios meses antes de que decida cerrar la investigación, según interpretan acusaciones presentes en el procedimiento. La minuciosidad de las actuaciones ha llevado a desfilar por el juzgado de Catarroja a casi 700 personas y quedan todavía testificales por tomar.

La juez investiga si alguna de las 233 muertes atribuidas a la dana (hay otras cuatro en estudio que todavía no se atribuyen a la dana) se pudo haber evitado con una mejor gestión por parte de los responsables de coordinar la respuesta a la emergencia. En la causa, siguen investigadas por homicidio por imprudencia solo dos personas, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que era su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La jueza considera que el mensaje ES-Alert llegó tarde y con un texto erróneo y cuestiona la cadena de mando y toma de decisiones aquel día, empezando por la de no convocar el Cecopi hasta las cinco de la tarde, cuando las inundaciones en Utiel ya se habían cobrado las primeras vidas y Aemet había lanzado su aviso rojo por la descarga de lluvia a primera hora de la mañana.

El jefe de Emergencias declara que propuso mandar el ES-Alert antes de las 18 horas y Pradas no le apoyó

Víctor Romero. ValenciaJorge Suárez revela a la jueza de Catarroja que a las 19:07 ya había un mensaje de aviso a la población subido a la plataforma ante el temor a la rotura de la presa de Forata, pero no salió hasta las 20:11 horas

Los intentos de algunas acusaciones populares como Liberum o Hazte Oír de imputar a la exdelegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y otros cargos de los organismos estatales, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, han caído en saco roto. Tanto la instructora como la Audiencia Provincial de Valencia, en contestación de los recursos, han dejado claro que la competencia en protección civil correspondía a la Generalitat y sus responsables de emergencias.

Los investigados también han tratado de apartar a la jueza con quejas al Consejo General del Poder Judicial por una supuesta injerencia en el proceso de su marido, el también juez Jorge Martínez, pero la Comisión Permanente del Poder Judicial ha rechazado expedientarla por no ver irregularidades y ha cuestionado la legalidad de unos audios presentados por el abogado y 'youtuber' Rubén Gisbert.

El mismo argumento que ha dejado fuera de la investigación a los cargos del Gobierno de Pedro Sánchez es el que llevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a rechazar la exposición razonada de la jueza para que se investigase al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Según el tribunal autonómico, no han aparecido pruebas de que Mazón interviniese o bloquease órdenes de Pradas, y tampoco tenía un papel de "garante" de la protección civil. El exbarón autonómico tuvo que dimitir del cargo, muy desgastado por el malestar de las asociaciones de víctimas y después de que quedase al descubierto que pasó toda la tarde de la dana reunido con la comunicadora Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, pese a haber recibido avisos de sus subordinados de lo que estaba ocurriendo aquel día.

El mensaje de Pradas a Mazón a las 13.03 horas: "Lo que más preocupa ahora es el barranco del Poyo y el río Magro"

Víctor Romero. ValenciaEl presidente contesta "cojonudo" al mensaje que le envió la exconsejera al mediodía sobre las alertas hidrológicas activadas en el barranco. "Igual a las 19 horas vamos a 112", escribe Mazón a las 16:28 tras el primer muerto

Estados Unidos contestó a una comisión rogatoria que WhatsApp no conserva los mensajes de Mazón con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, quien dice que perdió los mensajes al cambiar de teléfono. Mazón tampoco ha entregado los suyos de forma voluntaria, pese a la invitación de la instructora. La jueza no descarta que Meta pueda aportar finalmente esas comunicaciones.

Mazón, que es aforado por ser diputado autonómico, ha pedido estar personado en la causa, en una suerte de condición de preinvestigado, con las garantías de un investigado, pero sin estarlo formalmente. La jueza en inicio se negó, pero la Audiencia de Valencia terminó por estimar su recurso. Desde entonces, con acceso a las actuaciones, ha intentado poner en cuestión las razones de la instrucción, poniendo en duda la existencia de un "nexo causal" entre las muertes de la dana y el envío del ES-Alert. Fuentes de su entorno señalan que buscará anular las diligencias que le afectan, aunque la jueza niega que tengan ningún carácter prospectivo y explica que se producen para conocer qué elementos pudieron o no influir en la toma de decisiones de Pradas.

El asunto del nexo causal es clave. Sin él no hay causa por homicidios por imprudencia. Los familiares de las víctimas, muchos convencidos de que una mejor gestión pudo salvar víctimas, siguen declarando ante la jueza para relatar las horas y las circunstancias en que se produjeron las muertes. Fuentes judiciales señalan que seguirán haciéndolo en los próximos meses. El procedimiento podría prolongarse más allá de abril, cuando finaliza la prórroga dictada por la instructora para mantener abierta la causa como consecuencia de su "complejidad" y "extrema gravedad". No son pocos quienes creen que Ruiz Tobarra terminará dictando un auto de procesamiento contra Pradas y Argüeso.

Es la herida judicial que sigue abierta dos años después de la dana. Y no se resolverá hasta que la Justicia finalice su trabajo y decida si hubo o no responsabilidad penal. La política ya se asumió con las dimisiones, pese al lamentable pulso de relatos políticos e imposición de mayorías en las comisiones de investigación de las Cortes Valencianas, Congreso y Senado, que han impedido evaluar con objetividad y sin sesgos qué se hizo mal aquella fatídica jornada.