"Ahora es lo peor, es una tragedia con la que tienes que convivir. El volcán no se llevó a nadie por delante, pero lo ha ido haciendo poco a poco, de tristeza". Las palabras de Fátima Ramos, vecina que perdió su casa y su vida anterior bajo la colada, resumen el sentir de miles de familias que se resisten a normalizar la catástrofe. Hoy, vecinos y asociaciones de afectados denuncian el abandono institucional, la opacidad en las ayudas, la especulación del suelo y las graves secuelas en la salud mental de los palmeros.

Con motivo del quinto aniversario de la erupción, la asociación Tierra Bonita ha expresado este sábado su malestar por la ausencia de un acto institucional de recuerdo, al considerar que "la mayor catástrofe volcánica ocurrida en Europa durante el último siglo debe ocupar un lugar permanente en la memoria colectiva". Las cifras del Instituto Geográfico Nacional (IGN) respaldan esta magnitud: 85 días de erupción que dejaron más de 7.000 evacuados, 2.100 viviendas sepultadas y 300 hectáreas de cultivos arrasados. A ello se suma la incesante emanación de CO2 que mantiene el nivel de emergencia y prohíbe el regreso a núcleos costeros como Puerto Naos y La Bombilla.

Frente a los mensajes de "recuperación absoluta" lanzados este fin de semana por el ministro Ángel Víctor Torres o la promesa del presidente canario, Fernando Clavijo, de estar "siempre al lado de las instituciones palmeras", la realidad a pie de colada es otra. En un comunicado, el colectivo Tierra Bonita reclama un "cambio profundo" en la gestión de la reconstrucción del Valle de Aridane, con el fin de terminar con la improvisación, la falta de planificación y la escasa participación ciudadana, así como con la opacidad en el uso de los recursos públicos destinados a La Palma.

Para avanzar hacia un nuevo modelo, Tierra Bonita solicita la convocatoria "inmediata" del Consejo Sectorial para la Reconstrucción Económica y Social de La Palma, un órgano creado formalmente por el Cabildo en 2023 y recogido en la legislación, pero que "nunca" habría llegado a reunirse.

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El colectivo detalla que dicho consejo debe contar con siete representantes de asociaciones de personas damnificadas y de colectivos vecinales del área afectada.

La burocracia, el otro lastre de la reconstrucción

La urgencia de estas medidas choca con la burocracia. Según los informes oficiales, se han entregado más de 605 millones de euros en ayudas y se han adjudicado 261 viviendas. Sin embargo, la gestión de estos fondos ha estado plagada de cuellos de botella. El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha tenido que admitir recientemente que el pago de las ayudas al alquiler sufrió graves retrasos al agotarse el crédito inicial de 4,2 millones de euros. Para evitar dejar a las familias desprotegidas, el Gobierno autonómico tuvo que ampliar el periodo de concesión a 48 meses e inyectar in extremis 500.000 euros el pasado junio, reconociendo que aún necesitan tramitar otro crédito adicional de 300.000 euros para cubrir los pagos de este año.

Francisco Rodríguez, presidente de Tierra Bonita, va más allá de los números y define la situación como "una catástrofe humanitaria", lamentando que las administraciones prefieran "enterrar el volcán". El modelo actual, resume, se basa en la insensibilidad: "Te damos el dinero y tú te buscas la vida". Por ello, Tierra Bonita propone poner fin al semáforo amarillo —primer nivel de alerta por riesgo volcánico— y sustituir el régimen jurídico excepcional de emergencia por una figura estable de Zona de Reconstrucción Permanente, al amparo de la Ley de Volcanes.

Además, plantea la creación de un consorcio público único para coordinar la actuación de todas las administraciones, así como la difusión de las actas y grabaciones de las reuniones científicas y políticas del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) previas a la erupción.

Entre las demandas, también figura la publicación de los criterios y protocolos utilizados para tasar propiedades, otorgar compensaciones y seleccionar a las personas beneficiarias de las ayudas públicas, junto con el listado de beneficiarios.

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"El anonimato, aunque se haya querido blindar picarescamente en la Ley de Volcanes con una enmienda parlamentaria in voce de última hora, no solo puede ir contra la legislación estatal, sino que solo sirve para acrecentar las suspicacias y la desconfianza en el empleo de los fondos públicos ya distribuidos", advierten. Esta acreditación de propiedades fue precisamente una de las tareas vitales del Consejo General del Notariado, que estos días celebra unas jornadas en la isla recordando que autorizaron de urgencia más de un millar de actas de notoriedad para aquellas familias cuyas viviendas y negocios, ahora bajo la lava, carecían de escrituras.

Los 'olvidados' de la nueva legislación

La reciente promulgación de la Ley 5/2025 de volcanes de Canarias consagra sobre el papel el derecho de los afectados a la reconstrucción o realojo preferente, así como la habilitación de ayudas económicas directas para compensar los perjuicios. Sin embargo, el colectivo solicita revisar la situación de quienes, por no ser propietarios, por su condición de usufructuarios o por circunstancias familiares específicas, no han recibido una respuesta adecuada en la normativa de apoyo a los damnificados.

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Asimismo, subraya la necesidad de aprobar una planificación territorial integral y pactada con la sociedad.

La asociación propone, además, impulsar un Museo de la Memoria del Volcán Tajogaite, concebido como un espacio dedicado a las personas afectadas y a la preservación del patrimonio material, sentimental y social que quedó bajo las coladas.

Reconstrucción sin la voz de los afectados

Tierra Bonita recuerda que el Consejo Sectorial para la Reconstrucción Económica y Social de La Palma estaba llamado a ser el principal foro de participación de los afectados en las decisiones sobre el futuro del territorio. Sin embargo, sostienen que su ausencia de reuniones evidencia "el modelo escasamente participativo" de las Administraciones públicas.

En este contexto, consideran necesario articular un consorcio público único que evite la "dispersión" competencial entre las consejerías del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma, los ayuntamientos y empresas públicas como Gesplan.

Como referencia, Tierra Bonita alude a la reconstrucción de Christchurch, en Nueva Zelanda, tras el terremoto de 2011, donde se creó una autoridad específica y se promovieron plataformas de participación ciudadana, iniciativas culturales y actuaciones urbanas integradas.

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La asociación defiende que no sea solo un centro de divulgación geológica o un atractivo turístico, sino un espacio que refleje el impacto social de la erupción y contribuya a recuperar la identidad de los barrios desaparecidos. Una necesidad compartida por vecinos como Marcelino Rodríguez, presidente de la asociación de La Laguna, a quien le "duele" que el volcán se convierta en un simple decorado para fotos turísticas cuando debajo de las coladas quedó sepultada la vida de cientos de familias.

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El proyecto reuniría objetos rescatados de la zona, fotografías, testimonios, documentos y herramientas agrícolas y artesanales, entre otros elementos vinculados a la vida cotidiana previa a la catástrofe.

También plantea incorporar una recreación virtual, interactiva e inmersiva que permita recorrer las antiguas calles y paisajes de El Paraíso, Calle Alcalá, Todoque y otros núcleos agrícolas cubiertos por las coladas.

La persistente opacidad del Pevolca

La asociación reitera su demanda de acceso a las actas y grabaciones de los comités científico y director del PEVOLCA celebrados en los días y horas anteriores al inicio de la erupción.

Insiste en que dicha documentación es "indispensable" para aclarar qué información tenían los responsables científicos, técnicos y políticos; qué escenarios se valoraron; por qué no se ordenó una evacuación preventiva de los barrios cercanos a Cabeza de Vaca pese a la inminencia de la erupción, y por qué no se informó a la población del desplazamiento del área de mayor riesgo hacia el punto donde finalmente comenzó el proceso eruptivo.

Según la asociación, el comité científico disponía de esos datos, pero no se trasladaron a los vecinos de El Paraíso, Calle Alcalá, El Pastelero, Camino Campitos y Todoque, los núcleos más próximos a las primeras bocas y los primeros arrasados por la lava.

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Para este colectivo palmero, mantener "ocultas" las actas y grabaciones solo ha alimentado la desconfianza y el malestar de los afectados, sin ofrecer garantías públicas de que se hayan asimilado los errores para mejorar los protocolos ante futuras crisis volcánicas.