La jueza María Tardón ha acordado asumir la competencia para investigar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. La magistrada considera a la Audiencia Nacional el órgano competente para esta investigación al tratarse de un "ataque grave" contra la integridad territorial de España.

Tardón considera que los episodios acontecidos el pasado mes de julio podrían constituir delitos que delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal. La magistrada sostiene que "nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

La decisión de la magistrada llega después de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional informase el pasado viernes a favor de investigar la crisis que atraviesa la ciudad autónoma. Jesús Alonso también apuntaba en su escrito a presuntos delitos que afecten a orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado.

La investigación que arranca ahora se centrará en determinar qué sucedió en los días anteriores y posteriores a la avalancha de migrantes que accedieron a nado entre los días 30 y 31 de julio. Las pesquisas, incomodan al Ejecutivo que sigue defendiendo que Marruecos no tuvo vinculación con lo sucedido.

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El auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, recoge el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en el que se pone de manifiesto que no se trató de actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal. La Policía sostiene en su informe que el origen de la entrada habría estado dirigida desde Marruecos.

"Guiado activo" hasta Ceuta

Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de agentes marroquíes realizando un "guiado activo" a inmigrantes hasta territorio español. El estudio de las primeras imágenes permite descartar que el origen de la entrada masiva estuviera exclusivamente en la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. El CENIF sostiene que existía una planificación previa y una dirección estratégica para desestabilizar a las autoridades españolas y provocar el caos en la frontera

La juez insiste en su auto que el acceso a Ceuta aquellos días se produjo a través de diferentes oleadas de personas de diferente tipología, con "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables". Pese a sus circunstancias, se les condujo a lanzarse al mar "sin preparación, provistas de vestimentas inadecuadas que una vez mojadas podían, si no impedir, sí obstaculizar seriamente los movimientos en el trayecto a nado, y dotados de precarios elementos de auxilio a la flotabilidad para poder cruzar a nado el espacio marino".

Tardón destaca, además, que había intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial, "como bien señaló el presidente del Gobierno quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como 'un ataque, una violación de la integridad territorial de España'. La magistrada detalla en su escrito que el uso de un flujo migratorio masivo constituye uno de los "métodos característicos de la 'guerra híbrida' o 'zona gris', con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto, de toda una Ciudad Autónoma".

A su juicio, se trataría de un delito cometido en el extranjero, que la Audiencia Nacional sería competente para abrir una investigación en virtud del artículo 23 3ª) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fija la competencia de la jurisdicción española para conocer los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.

Actuación autoridades españolas

La jueza subraya en su auto que habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español, "tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva". La instructora destaca que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ya había emitido, el día anterior a la entrada (29 de julio de 2026), una Alerta de Riesgo Extremo "advirtiendo de un escenario inminente de entradas masivas coordinadas por mar y tierra".

La jueza también apunta a un presunto delito de organización criminal que se cometió en el extranjero donde operan las organizaciones criminales o parece que se hallan las personas que las integran o que han podido participar en los hechos. En este punto destaca distintos niveles de actuación y diferentes actores que aún tendrán que ser identificados a lo largo de la investigación, "desde el de los promotores digitales hasta los organizadores sobre el terreno y los responsables de la eventual planificación estratégica".

Respecto a la solicitud de la Fiscalía de acordar el secreto parcial de las actuaciones, la jueza acuerda mantener solo el secreto parcial de las actuaciones, protegiendo aquellas cuestiones que afecten a intereses generales del Estado, de las que sólo podrá conocer el Ministerio Fiscal.

En su auto, la magistrada acepta la personación de todos los denunciantes, a excepción de Se Acabó la Fiesta, aunque indica que antes deberá prestar fianza de 6.000 euros. Tardón ordena, además, que se pongan de acuerdo para agruparse en torno a una representación y advierte de que, de no hacerlo, se designará al partido Iustitia Europa, una vez haga efectivo el pago de la fianza por ser el primero en interponer la denuncia por estos hechos.