La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, en la causa que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. En un auto en el que acuerda múltiples diligencias, solicita, además, a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos más allá de los desclasificados.
Tardón pone el foco sobre qué ocurrió en el lado español de la frontera y busca averiguar si desde el Ministerio capitaneado por Fernando Grande-Marlaska o la Delegación del Gobierno se tuvo conocimiento del riesgo de una entrada masiva de inmigrantes que colapsaría Ceuta. En consecuencia, la instructora reclama al delegado del Gobierno, Interior, Policía Nacional, Guardia Civil y otros organismos que remitan todas las alertas, informes, comunicaciones u órdenes de servicio en relación con la llegada de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma. La magistrada ordena que dichas alertas sean identificadas con "fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas".
La titular del Juzgado de Instrucción Central Número 3 de la Audiencia Nacional justifica la proporcionalidad de las diligencias solicitadas en la "gravedad de los hechos investigados", por los que murieron 83 personas, y por su posible incidencia "sobre intereses esenciales del Estado". En este contexto, se enmarcan las citaciones como testigos de Vivas, que comparecerá el próximo 30 de septiembre, del exjefe de Gabinete del Delegado del Gobierno y del jefe de la Policía Local de Ceuta, que están citados el próximo 1 de octubre.
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La declaración de Gonzalo Sanz tiene especial relevancia tras comunicar el pasado viernes su dimisión. Su salida se produjo después de que el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, defendiera públicamente que su mano derecha no le había trasladado los avisos que había recibido del CNI el 29 de julio. Aunque, en un inicio, el responsable de comunicación prefirió marcharse sin generar más ruido, finalmente confesó que sí había trasladado esta información a su superior.
La investigación se dirige, además, en averiguar quién estuvo detrás de la movilización masiva que desembocó en la entrada de entre 75.000 y 85.000 inmigrantes en Ceuta en menos de 48 horas. Por ello, requiere a las direcciones de Policía y Guardia Civil para que elaboren un informe en el que se identifique "el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada de los efectivos uniformados que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa". El objetivo es reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.
Material audiovisual y convocatoria el redesTambién reclama al jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que aporte al órgano judicial las imágenes satelitales disponibles en la horquilla temporal comprendida entre las 00:00 horas del día 20 de julio y las 23:59 horas del día 7 de agosto de 2026, de la Playa de Fnideq (Marruecos) colindante con la zona fronteriza española y la playa de El Trampolín (Ceuta).
La magistrada pone el foco, además, sobre la organización de la entrada en redes sociales y en determinar qué vinculos existieron entre los dinamizadores digitales, los organizadores sobre el terreono y eventuales estructuras superiores. En este sentido y con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria, solicita al Centro de Inmigración y Fronteras CENIF que aporte el informe íntegro sobre la organización digital mencionado en el informe principal, la relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada, los datos técnicos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital obtenidos respecto de dichos perfiles.
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En este sentido, la jueza abre una nueva pieza separada declarada secreta que abordará la vía tecnológica del caso. Solicita asistencia judicial a las compañías Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital para que procedan a la "conservación inmediata y posterior remisión de los datos de registro de las cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria" entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026.
Esta línea de la investigación se verá reforzada con el reconocimiento facial de todas las personas que la Policía identificó en su primer informe como agentes encubiertos que habrían facilitado el paso de miles de inmigrantes a Ceuta. Tardón detalla en su auto que una vez se aporten al órgano judicial la totalidad de grabaciones, imágenes aéreas, vídeos operativos, material de drones, grabaciones de cámaras de vigilancia y cualquier otro material audiovisual, "deberá procederse a la elaboración de un informe pericial audiovisual único que permita reconstruir cronológicamente los acontecimientos, identificar participantes y determinar los movimientos e itinerarios seguidos durante la ejecución de los hechos".