El dosier secreto del Ministerio del Interior para clasificar a periodistas por ideología incendia las redacciones. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha emitido un duro comunicado tras la exclusiva de El Confidencial sobre la existencia de este documento, cuya veracidad ha reconocido el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska.

"En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información", asevera la FAPE en un comunicado.

"Esta práctica, incompatible con el Estado de derecho, puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional al saber que sus informaciones u opiniones son objeto de seguimiento y catalogación por parte del Gobierno", subrayan.

Carmen del Riego, presidenta de la FAPE, pide en declaraciones a este periódico "que esto no se vuelva a repetir. Condenamos que se estigmatice o se clasifique a los periodistas por su ideología u opiniones cuando están en el ejercicio de su profesión y recordamos al Gobierno que la libertad de información es básica en una democracia y la libertad de opinión está amparada en la Constitución. Aparte de pedir al Gobierno que abandone esta práctica, pido que los periodistas no tengan miedo, que es lo que pretenden muchos".

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La FAPE exige también la "depuración de responsabilidades en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior" por la elaboración de este dosier secreto donde aparecen fichados directores de medios, columnistas, tertulianos y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales.

Este organismo, el máximo representante de la profesión a nivel nacional, concreta que resulta "especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas “afines” y “problemáticos” desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional".

La FAPE también exige al Ministerio del Interior el “cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado como consecuencia de esta catalogación”.

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La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios se han sumado al comunicado de la FAPE. La Asociación de Periodistas de Investigación (API) ha mostrado su firme rechazo al "dosier del Ministerio del Interior que clasifica ideológicamente a periodistas en activo. Fichar a profesionales de la información por su supuesta afinidad política no es una práctica propia de democracias consolidadas".

La API ha solicitado la "destrucción del documento, la depuración de responsabilidades y garantías firmes de que ningún organismo público volverá a someter a los periodistas a este tipo de vigilancia. El periodismo no puede ejercerse bajo la sospecha ni la catalogación del poder al que tiene la obligación de fiscalizar".

Este mismo martes, las organizaciones periodísticas y sindicales han presentado un manifiesto conjunto para exigir el fin del acoso y las agresiones a periodistas, un acto que estaba planificado días antes de que se conociera la información de ElConfidencial y que busca denunciar ataques como el sufrido por el periodista de TVE que fue agredido en las manifestaciones de Ceuta y los señalamientos desde el poder político. El documento expresa un compromiso compartido: “No vamos a normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas mientras ejercen su trabajo”.