Entre enero de 2021 y el 1 de abril de 2026 se documentaron mil 61 eventos delictivos relacionados con personas identificadas en el informe “Estado en retirada” como “falsos normalistas”, una figura que el estudio utiliza para referirse a quienes se presentan como integrantes o líderes del movimiento normalista sin formar parte activa de la comunidad estudiantil o que mantienen vínculos con estructuras criminales.

Falsos normalistas a los que no son activos en comunidad estudiantil

La investigación, elaborada por el periodista Óscar Balderas junto con Defensorxs y Narcodata, establece que los casos registrados incluyen saqueos, robos, bloqueos carreteros, privaciones ilegales de la libertad y otros actos ilícitos. De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron con una frecuencia aproximada de uno cada 44 horas.

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Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla concentran 60 por ciento de los eventos identificados, según el informe. En estas entidades existen Escuelas Normales Rurales y también se registra presencia de organizaciones criminales, dos factores que forman parte del análisis presentado por los autores.

Durante la presentación del estudio, realizada en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Balderas explicó que la investigación surgió a partir de distintos casos en los que civiles enfrentaron saqueos ante la ausencia de autoridades.

El periodista precisó que el objetivo no es criminalizar al movimiento normalista ni sus demandas históricas, entre ellas las relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino distinguir a quienes utilizarían esas causas como cobertura para actividades delictivas.

El informe calcula que las empresas afectadas por eventos atribuidos a los llamados “falsos normalistas” enfrentan pérdidas promedio de 66 mil 600 pesos. La estimación incluye mercancías, daños a vehículos y otros gastos derivados de los hechos, además de posibles repercusiones en las cadenas logísticas y, en algunos casos, en el precio final de los productos.

Informe contundente

Otra parte del análisis señala que las mercancías obtenidas mediante saqueos pueden llegar a mercados negros o distribuirse entre comunidades con el propósito de generar respaldo social. Balderas planteó que esa capacidad de movilización también puede utilizarse como mecanismo de negociación política y facilitar intercambios de protección o impunidad con actores locales.

El periodista sostuvo que la impunidad constituye uno de los factores que permiten la continuidad de estas prácticas y estimó que alcanza hasta 990% en los casos analizados.

Asimismo, el estudio advierte que, si continúa la falta de respuesta, en un plazo de 10 a 15 años podría consolidarse la presencia del crimen organizado en estos espacios y normalizarse la violencia alrededor de las comunidades normalistas.

Durante el encuentro, también participaron Alberto Guerrero Baena, consultor en política de seguridad; Saulo Dávila, consultor senior en Integralia, así como Nancy Canjura, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos.