Quince años después del 15-M, que transformaría el tablero político español poniendo fin al bipartidismo, la Puerta del Sol de Madrid vuelve a llenarse de tiendas de campaña y jóvenes con megáfonos exigiendo un cambio de rumbo radical. En el 2011, el movimiento de “los indignados” planteaba exigencias políticas profundas aunque abstractas: democracia real, rechazo a las élites, representación política auténtica.

Tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, obligada por jueces y policías a abandonar la casa en la que vivió durante siete décadas, salieron a las calles cientos de miles de personas en 40 ciudades. Hoy el Sindicato de Inquilinas monta un campamento en el centro de la capital española para exigir medidas concretas que solucionen la crisis de vivienda del país.

Demandan la aprobación de un decreto-ley (Decreto Maricarmen) que transforme los contratos de arrendamiento en indefinidos, limite el alquiler vacacional, ponga freno a las compras especulativas, congele el precio de los alquileres e imponga una moratoria de desahucios a personas vulnerables. “O cae el rentismo o cae el gobierno”, es la consigna.

Mientras ocurría el desahucio, en Nueva York, Pedro Sánchez y Zohran Mamdani postearon un video lanzando bolas de papel a un cesto. “Ser de izquierda significa intentar tiros difíciles”, dice Sánchez. “Y anotar”, remata el alcalde. La movilización llega, sin embargo, en un momento delicado para quien lanza.

A las investigaciones por corrupción de excolaboradores muy cercanos, se suman las causas judiciales contra su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez y las acusaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que dejan al PSOE contra las cuerdas. Es lo que se encuadra como una guerra jurídica (lawfare). Además, desde julio, la crisis migratoria de Ceuta abrió otro frente político para un gobierno que salta de crisis en crisis.

Pedro Sánchez se encuentra ante una disyuntiva compleja: su gobierno se sostiene por una coalición parlamentaria formada por partidos a la izquierda y a la derecha. Las medidas que envié al Congreso deben mantener el espíritu de las protestas y pasar el veto de los conservadores Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya, los cuales rechazan cualquier control de precios o medida en contra de propietarios de viviendas y apuestan por estímulos fiscales para los caseros. Es difícil pensar que tal cuadratura del círculo sea posible. Quizás sea el momento para que Sánchez evalúe una convocatoria anticipada de elecciones para reconfigurar el tablero político, ahora que la izquierda española puede apuntar hacia medidas concretas con buen rédito electoral.

La vivienda dejó de ser un bien de uso para convertirse en activo financiero garantizado y la izquierda descubre tarde y en tres ciudades distintas que ahí surge un verdadero eje de reorganización política capaz de producir mayorías.

En Nueva York, Zohran Mamdani ganó la alcaldía con un programa construido alrededor del costo de la vida y una promesa tan provocadora como congelar los alquileres. En Berlín, Die Linke, con Elif Eralp como candidata, acaba de convertirse en primera fuerza con el 25.7% de los votos después de una campaña atravesada por el control de alquileres, la vivienda pública y la expropiación a grandes inmobiliarias. Detrás del éxito de Mamdani y Eralp estuvo Morris Katz, un joven estratega que insistió obsesivamente en convertir la asequibilidad en el centro del mensaje.

Una discusión debe atravesar a las izquierdas occidentales. Frente a la idea de que el crecimiento de la ultraderecha debe responderse en el ámbito de la guerra cultural, luchando contra la desinformación y apelando a una gran unidad democrática contra “el odio”, las nuevas campañas ensayan otra fórmula: desplazar la disputa hacia divisiones materiales —arriba y abajo, inquilino y rentista, élite y pueblo— y disputar desde ahí el malestar que también alimenta a la derecha radical.

México debe mirar con atención. El Mundial dejó en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México un tejido urbano trastocado. Se aceleró la gentrificación que venía expulsando habitantes de barrios enteros y desarrolladores inmobiliarios incontrolados. El PAN gobierna alcaldías vinculadas desde hace años a investigaciones por el llamado cártel inmobiliario (Denise Maerker). Este mismo mes, la Contraloría General de la CDMX inició una investigación por posibles irregularidades en 48 predios de Benito Juárez.

Madrid tiene un campamento, Nueva York un alcalde y Berlín una ganadora. México tiene desarrolladores que rebautizan colonias.

Lectura sugerida: “Inquilinos, ¡uníos! Cómo la lucha sindical puede resolver la crisis de la vivienda” de Jacob Stringer (Bellaterra).

Gracias, LGCH.