Empieza la cuenta atrás para que el Gobierno publique los documentos relacionados con el asalto a la frontera de Ceuta. El Consejo de Ministros ha desclasificado este martes los que estaban protegidos y fueron elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, asegurando que saldrán a la luz "todos. Todos es todos". "No hay trampa ni cartón", añadían fuentes de Moncloa.

Sin embargo, la horquilla de fechas entra en una zona gris respecto a lo que el presidente del Gobierno prometió textualmente al Congreso de los Diputados el pasado jueves. Ante sus señorías, Sánchez se refirió en reiteradas ocasiones a la publicación de "todos" los informes sin acotar fechas y, en respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, especificó después que "vamos a hacer públicos todos los documentos relativos a esta crisis antes, durante y después".

La entrada masiva se produjo los días 30 y 31 de julio, por lo que enseñar la información recibida el 1 de agosto, la jornada inmediatamente posterior, implica sacar a la luz una pequeña parte del "después" al que aludió Sánchez, pero ni mucho menos todo. "Los informes se remiten a lo que aconteció el 30 y el 31 de julio. Por eso hemos puesto la fecha del 1 de agosto", explicó este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros.

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Ana Sánchez

Esta distinción es importante porque lo que formará parte de este paquete, que se publicará mañana, es la información con la que contó el Gobierno antes y durante los días 30 y 31 de julio, y servirá para evaluar qué avisos recibió y si la respuesta que adoptó fue la adecuada. Políticamente, además, aclarará si la ministra de Defensa, Margarita Robles, tenía razón al defender la labor del CNI o si quien estaba en lo cierto era el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al sostener que esos datos no eran suficientes.

Pero los documentos que se harán públicos no ayudarán a despejar la otra gran incógnita que rodea al asalto a la frontera de Ceuta: el papel que jugó Marruecos. Tal y como explican fuentes del ámbito de la seguridad, los indicios de esta posible participación estarán en las investigaciones posteriores sobre lo sucedido. Es decir, en la información posterior al 1 de agosto.

En todo caso, el paquete ascenderá a unos 40 documentos e incluirá no solo los informes que fueron enviados al Gobierno por las distintas instituciones del Estado, como la Policía, la Guardia Civil, Defensa y el CNI, entre el 1 de julio y el 1 de agosto, sino también las comunicaciones internas realizadas entre organismos, aunque fueran simples correos electrónicos. Además, fuentes de Moncloa han explicado que, si en el futuro aparecieran nuevos informes de esas fechas que no hubieran llegado al Ejecutivo, también se sacarán a la luz.

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Ana Sánchez

De cara a este miércoles, el Gobierno seguirá el mismo procedimiento que con la desclasificación del 23-F y publicará el paquete en la web institucional de Presidencia, de manera que todos los ciudadanos interesados podrán consultarlos.

Respecto a la posible afectación que esta publicación pueda tener para la seguridad nacional, fuentes de Moncloa trasladaron que no existe ningún problema con los documentos que se publicarán este miércoles, pero que, si algún otro documento que pudiera aparecer en el futuro afectara a la seguridad nacional, el Gobierno podría mostrar esa información en la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso, comúnmente conocida como Comisión de Secretos Oficiales.

"La voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone porque no tenemos nada que esconder, porque actuamos con transparencia", aseguró la portavoz.

Ataques a Tardón

La desclasificación de los documentos se produce en medio del cuestionamiento desde el Gobierno a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta. Tras la carta de queja que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió el pasado jueves al Consejo General del Poder Judicial, el lunes por la noche el titular de Transportes, Óscar Puente, puso en duda abiertamente la labor de la magistrada. "Ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", aseguró.

Saiz no solo no corrigió a Puente, sino que respaldó su intervención. Según sostuvo, el ministro de Transportes se limitó "a poner en valor" la importancia que tiene la independencia judicial en un Estado de derecho, y lo hizo, además, "como buen jurista, como una persona que ha dedicado años al ejercicio de la abogacía y como un experto procesal". En la misma línea, fuentes de Moncloa subrayaron que el ministro de Transportes "es, como siempre, un portavoz y una voz autorizada de este Gobierno".