Mientras el PP todavía se debatía entre la dureza y la prudencia, un barón popular ha optado por la vía más dura a pesar de su perfil moderado. Se trata de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que ya tenía puesto el foco en el "abandono" que sufre su comunidad por parte del Ministerio de Transportes antes de la tragedia de Toledo y ahora se ha erigido como punta de lanza contra Óscar Puente. El jefe del Ejecutivo andaluz ha sido el más incisivo, más incluso que Alberto Núñez Feijóo, porque considera desde hace tiempo que el trato que sufre la región más poblada del país es injusto.

El político malagueño ya reclamó el mismo día de la tragedia una revisión de todas las vías férreas de Andalucía con especial atención a la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga. Sobre todo porque es la misma en la que se produjo el pasado 18 de enero el accidente de Adamuz y, unas semanas más tarde, un desprendimiento de tierra a la altura de Álora que mantuvo a la capital de la Costa del Sol sin tren hasta bien entrada la primavera.

No es casualidad que la pasada semana, en la presentación del programa de vivienda del PP para las elecciones del 29 de noviembre, Moreno aprovechara para hablar de su libro. Antes de que el rumbo de la precampaña diera un giro de 180 grados, el barón popular se encargó de recordar a los presentes que en los últimos años Transportes no ha hecho "ni un kilómetro de Cercanías" y el servicio en Sevilla ha perdido un millón de usuarios por los constantes retrasos. También afeó los problemas de conexión ferroviaria del puerto de Algeciras y el aislamiento que sufren Almería y Jaén, aunque es cierto que se deben a obras de mejora en la infraestructura.

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Moreno fue más allá de los trenes y recordó la situación del puente del Centenario de Sevilla, que acumula un sobrecoste de varias decenas de millones y que todavía no tiene fecha de finalización. El último traspié de la ampliación de este enorme viaducto al sur de la capital fue la petición de las empresas constructoras de resolver el contrato y el amago de paralización de las obras de sustitución de los tirantes. Y de fondo está la sombra de la sospecha que hay sobre esta obra, ya que es una de las investigadas por las presuntas mordidas de la trama que lideró el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"Esta tierra ha sido tremendamente maltratada por el Gobierno de Sánchez", expresó Moreno hace unos días antes de afear a Transportes que solo haya construido 3,5 kilómetros de autovía en los últimos años. Y también le afeó a Puente y su antecesora, Raquel Sánchez, que no hayan acelerado el proyecto para conectar la estación de trenes de Santa Justa con el aeropuerto de San Pablo. "Este es el balance, un balance hiriente", dijo antes de que el foco de la conversación pública haya vuelto a la seguridad ferroviaria.

Fue Moreno quien expresó en una entrevista en Antena 3 este jueves que "ahora mismo" no se montaría en un AVE para ir a Madrid. Después lo han secundado otras figuras como el alcalde de Sevilla, que asegura que hace meses que se desplaza a la capital en avión o en coche. Pero lo cierto es que el barón malagueño es quien ha protagonizado la mayor oposición a Puente, consciente de que hay una sensación de abandono en la sociedad andaluza que sufre los problemas de infraestructuras y que ahora incluso tiene miedo cuando coge un tren de alta velocidad.

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Los populares han llevado la ofensiva del presidente de la Junta al Parlamento en una proposición no de ley que se abordará en el próximo pleno después de que la sesión prevista para los días 28 y 29 de octubre fuera suspendida por el accidente. El texto registrado este viernes en el legislativo autonómico pide al Gobierno que garantice la "atención inmediata" a las víctimas del siniestro en Toledo y esclarezca de forma "rigurosa y transparente" las causas.

También reclama "una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal" con foco en las conexiones con Andalucía. Esta propuesta encaja con el plan propuesto por Alberto Núñez Feijóo este viernes y va de la mano con la asunción "al máximo nivel" de las "responsabilidades políticas". La propuesta de los populares rechaza que la resolución del accidente de Urda pueda resolverse con "la identificación de eventuales errores humanos individuales", en alusión al señalamiento que se ha hecho desde el Gobierno de los operadores de la sala de control de Atocha.

La iniciativa reclama al Ejecutivo que garantice "de manera efectiva la seguridad de los ciudadanos andaluces que utilizan los servicios ferroviarios" y el ofrecimiento de información y controles que permitan "recuperar la confianza de los viajeros en el sistema ferroviario". De forma más concreta, el texto de los populares afea a Transportes que se haya demorado la sustitución del sistema de seguridad LBZ —el que funciona en la línea de Madrid a Andalucía— por el ERTMS que se aplica en el resto de la red de alta velocidad por motivos de equiparación europea.

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El texto recuerda además que Andalucía depende económicamente del pleno funcionamiento de la red de alta velocidad, por lo que reclama al Gobierno que los trabajos de revisión que incluye la proposición se realicen al mismo tiempo que la infraestructura está en marcha una vez que sea restablecido el tráfico. Esto contrasta con la posibilidad de que las obras se hagan con la conexión paralizada que deslizó Puente en su rueda de prensa del viernes, lo que sería un serio problema para la comunidad más poblada del país.