Cataluña no es un destino atractivo para los trabajadores y funcionarios del resto de España. Hay quien incluso prefiere perder plaza antes que desplazarse. Tanto es así que, en el último macroconcurso de traslados de la Seguridad Social, que se celebró a mediados de este mes de octubre, quedaron vacantes 404 plazas de este organismo solo en la demarcación de Cataluña. El asunto no sería tan grave si no fuese porque la plantilla total en la región es de unos 2.200 empleados, lo que significa que casi la quinta parte de las vacantes no están cubiertas. Y eso hace que la atención al público y la calidad del servicio se resientan.

Pedir cita en las oficinas de la Seguridad Social en Cataluña es una odisea con un final impredecible. “Igual puedes conseguir la cita a dos meses vista que pueden enviarte a Puigcerdà cuando tú vives en Barcelona, a 170 kilómetros de distancia”, explica a ElConfidencial Rafael Sánchez, portavoz del sindicato CSIF. Este diario ha podido comprobar que ciudadanos de Barcelona han sido citados en Puigcerdà, Igualada u Hospitalet de Llobregat a semanas vista, porque no hay personal suficiente que pueda atender la demanda en la capital.

¿Qué pasa con Cataluña? Pues que no es un destino atractivo. Vivir en esta comunidad es muy caro, tanto por el alojamiento como por la manutención, hasta el punto de que opositores que han aprobado y que son destinados a ella renuncian y prefieren perder la plaza antes que desplazarse. “Si has de pagar 800 o 1.000 euros por una habitación y tienes que vivir, un sueldo de un administrativo, que es de 1.200 o 1.300 euros, no llega. Por eso, muchos opositores aprueban el examen y no se incorporan. Les es más rentable seguir donde están y esperar a otro año a ver si les toca otro destino”, explica Sánchez.

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El déficit de personal se da también en otros organismos: la Dirección General de Tráfico (DGT) o el SEPE son órganos que están bajo mínimos. Lo mismo pasa con el personal administrativo para la confección del DNI, aunque en este caso la falta de personal administrativo es suplida con personal policial, que saca adelante el trabajo que deberían hacer los trabajadores del ministerio.

Competencia con administraciones

En el caso de la Seguridad Social, la cosa se agrava porque, además de tener estas vacantes, ha perdido trabajadores en el último concurso de traslados: 771 ceses frente a 694 nuevas incorporaciones. Es decir, ha perdido 77 efectivos. “En Cataluña también existe otro factor: la competencia de las administraciones locales y la autonómica, que atraen a la mayoría de los opositores locales”, explica el portavoz del CSIF.

Los organismos del Estado que dependen de concursos estatales se nutren mayoritariamente de opositores de toda España. De ese modo, el trabajador que se incorpora al puesto de trabajo se encuentra con un nivel de vida sensiblemente más alto que en otras comunidades y sin arraigo familiar, por lo que, en cuanto puede, pide el traslado y se marcha. Y eso sin contar que, en la mayoría de las circunstancias, las otras administraciones pagan mejor a sus funcionarios que la estatal. Se produce, entonces, la tormenta perfecta para que la Administración estatal catalana sea percibida con desagrado por parte de los funcionarios del resto del país.

“Nosotros llevamos años pidiendo un complemento de equiparación con el resto de administraciones. Lo más lógico es un complemento de territorialidad, similar al que tienen ya territorios como Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias”, señala Sánchez.

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Tras el último concurso de la Seguridad Social, CSIF reclamó “medidas urgentes” ante lo que consideran un “desmantelamiento de la Administración del Estado en Cataluña”. El sindicato exige cubrir las vacantes, mejorar las condiciones laborales y garantizar la estabilidad de las plantillas. Es cierto que ha habido reuniones con los responsables de la Delegación del Gobierno o de las subdelegaciones, que siempre han dado la callada por respuesta. Y eso que los números son alarmantes: Barcelona tiene 282 puestos vacantes, sin cubrir, en la Seguridad Social. Girona tiene 57, lo que representa, en porcentaje, el mayor saldo negativo, mientras que Tarragona tiene 39 vacantes y Lleida otras 26. El Confidencial intentó, sin éxito, que la Delegación del Gobierno en Cataluña corroborase los datos, pero no hubo respuesta.

Ripoll, condenada

El futuro de las plantillas de la Seguridad Social no es halagüeño, porque el deterioro va acrecentándose: la Administración ya ha decidido que en tres meses cierra la oficina de Ripoll, la capital de comarca del Ripollés, que da cobertura a casi 26.000 habitantes. ¿El motivo? No hay personal que pueda atenderla. Otra lacra en el funcionamiento de la Administración estatal en Cataluña.

En sus peticiones al Gobierno central, CSIF detalla 4 puntos urgentes que hay que atacar: el primero es un complemento de territorialidad “o indemnización por residencia que compense el elevado coste de la vida en Cataluña y favorezca la incorporación y permanencia de los empleados públicos”. El segundo es un plan urgente de cobertura de vacantes, ya que, aunque hay una bolsa de interinos que pueden asumir esas plazas, no hay personal para todas. Ese plan urgente se podría aplicar mediante “comisiones de servicios y refuerzos de personal interino cuando proceda”.

El tercer punto es la actualización de los complementos de destino y la revisión de los puestos de trabajo para hacer más atractivas las plazas en Cataluña. Y el cuarto punto es “una oferta de empleo público ajustada a las necesidades reales, que permita corregir el déficit estructural y garantizar una dotación suficiente de personal en las oficinas de la Seguridad Social”. Se trata, en definitiva, de “fidelizar a los trabajadores”. Rafael Sánchez subraya que “la situación es muy lamentable. Nosotros estamos para dar servicio al ciudadano e intentamos a veces duplicar o triplicar los esfuerzos para salir adelante, pero no es suficiente. No hay medios para prestar un servicio público como nos gustaría”.