“Rechazo la politización del dolor por la muerte de Maricarmen”, defiende el presidente del Gobierno: “Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor”
Vídeo - Aquí puedes ver la entrevista completa a Pedro Sánchez
“España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha”, propone Pedro Sánchez en su primera entrevista tras convocar elecciones. El presidente y candidato socialista recibió a elDiario.es a las 12:30 del miércoles en la sede del PSOE en Ferraz. Tras el fallecimiento de Maricarmen, Sánchez accedió a ampliar esta entrevista con varias preguntas sobre una muerte que ha conmocionado a la sociedad española. Esa parte de la entrevista se grabó el jueves: aquí puedes ver ambos vídeos completos.
“Hay que intervenir”, insiste Sánchez sobre la vivienda. El presidente plantea estas elecciones como una disyuntiva: “O derechos o recortes”, “o la gente o los fondos buitre”. Se muestra preocupado ante la posibilidad de una injerencia extranjera en las elecciones, “y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales”. Sobre el dueño de Amazon Jeff Bezos, que apoyó en redes las críticas a sus medidas de vivienda, Sánchez se pregunta “por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos”. También rechaza las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo: “Este bulo, y se les ve en la cara, es por miedo a perder las elecciones”.
¿Qué sintió al conocer la muerte de Maricarmen?
Pena, por supuesto. Tristeza. Y mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor y es lo que hemos hecho, con la aprobación y esperemos la convalidación del decreto que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Maricarmen.
Maricarmen falleció en el hospital a las dos semanas de ser desahuciada. Otras personas, como es el caso de Olga en Hospitalet, se suicidan tras verse forzadas a dejar su casa. ¿Considera que son víctimas de un sistema injusto?
Sin duda. Este sistema tiene una parte de injusticia, sobre todo con los fondos buitre que mercantilizan el derecho a la vivienda que está reconocido en nuestra Constitución. Por eso creo que es tan importante lo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros: definir qué es un fondo buitre. En muchas ocasiones la derecha y la ultraderecha tratan de enfrentar al pequeño propietario con el inquilino. Y es al contrario: tenemos que defender los derechos de los pequeños propietarios, de los inquilinos y, por supuesto, enfrentarnos a los fondos buitre, que lo que quieren es la especulación y el enriquecimiento frente al derecho a la vivienda.
Tras la muerte de Maricarmen, muchos manifestantes protestaron frente al Congreso. Entre otros cánticos, también gritaban: “¿Dónde está el Gobierno progresista?” ¿Qué les responde?
Que el Gobierno progresista está con su causa social, que está también en resolver el problema de la vivienda. Y de hecho, creo que dimos una respuesta pronta a esta cuestión con los dos decretos que aprobamos este pasado martes y que están ya en vigor, evitando desahucios.
Feijóo pide que no se haga campaña con la muerte de Maricarmen, mientras el PP veta un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid y Almeida permanece sentado en el minuto de silencio en el Ayuntamiento. ¿Se puede pedir que esta muerte quede fuera del debate político?
Sin duda. Un minuto de silencio no es de un partido político o de un determinado colectivo. El minuto de silencio siempre es una representación del dolor que expresa el conjunto de la sociedad. Es bueno que no se politice el dolor. Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor.
Antes de ser desahuciada, Maricarmen le responsabilizó expresamente a usted junto a Ayuso y Almeida. Es verdad que ustedes aprobaron después un decreto que hubiese evitado ese desahucio, pero ¿en qué falló su Gobierno? ¿No se pudo aprobar antes?
Maricarmen lo que nos hizo es un llamamiento a todas las instituciones públicas para evitar los desahucios a personas vulnerables, como es su caso. Esta cuestión la hemos intentado plantear al Congreso en reiteradas ocasiones a lo largo de estos más de tres años de legislatura. Desafortunadamente sin el apoyo del bloque conservador, que ha sido muy taxativo en contra de evitar desahucios a personas vulnerables.
Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura
Usted justifica el adelanto electoral por el bloqueo parlamentario, pero tampoco se han aprobado los Presupuestos en toda la legislatura. ¿Por qué ese bloqueo era compatible con seguir gobernando y el rechazo a los decretos obliga a convocar elecciones?
Es cierto, no hemos aprobado los Presupuestos. Pero con los Presupuestos con los que actuamos hemos logrado un crecimiento récord: más del triple de la zona euro. Estamos concentrando la creación del 85% del total de empleo dentro de la zona euro. Además, hemos reducido a mínimos históricos la desigualdad en nuestro país, aunque sigue siendo uno de los principales problemas. Desde el punto de vista presupuestario, creo que hemos cumplido con los objetivos.
En segundo lugar, hemos aprobado 78 iniciativas legislativas entre las cuales están dos reformas de la Constitución. Creo que ha sido una legislatura fructífera. Pero a diferencia de la anterior, donde aprobamos la primera ley de la democracia sobre la vivienda, en esta ha habido un bloqueo por parte de una mayoría conservadora que ha entendido que los desahucios son poco menos que desalojos que se tienen que producir. Eso ha generado una contestación social, contraria a la realidad del Parlamento. Y si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda.
¿La presión de la calle ha hecho cambiar al PSOE su posición sobre la vivienda? ¿Se han atrevido a tomar medidas más osadas por las manifestaciones?
Nosotros hemos tenido siempre un mensaje muy claro. Necesitamos hacer del artículo 47 de nuestra Constitución lo que es: un derecho, una realidad. Hoy desgraciadamente no lo es.
¿Dónde está la dificultad? Primero, en gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox y en ayuntamientos también, que se niegan por razones ideológicas a aplicar la intervención en el mercado de la vivienda que habilita la ley de vivienda. Y dos, un Parlamento que se niega a regular y a intervenir en el mercado de la vivienda, en aquellos aspectos donde efectivamente es disfuncional.
Esta es la realidad que nos hemos encontrado durante estos tres años largos de legislatura y por eso he convocado las elecciones: porque necesitamos una mayoría parlamentaria progresista para hacer esa intervención en el mercado de la vivienda. La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre: los intereses de aquellos que miran las cosas desde arriba, desde los áticos.
¿Es usted partidario del alquiler indefinido y de que los propietarios indemnicen a los inquilinos al acabar el contrato o ha publicado este decreto en el BOE porque se lo exigía Sumar?
No, yo creo que es un debate necesario que tenemos que dar y que es pertinente porque existe en otras partes de Europa. Es verdad que es un debate avanzado para el estado actual del debate en España, pero el Gobierno y el Partido Socialista lo apoyan también.
Pedro Sánchez, en un momento de la entrevista.¿Lo va a llevar el PSOE en el programa electoral?
Sí, vamos a llevar unas medidas de vivienda potentes y en ese asunto, por supuesto, el Partido Socialista estará. No solo hemos congelado los precios del alquiler al 2%, sino que también prohibimos los desahucios y extendimos ese escudo social hasta más allá de la pandemia y la crisis de Ucrania.
El Gobierno ha planteado este debate en las Cortes Generales no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces: en multitud de ocasiones. Hemos intentado regular el alquiler de temporada, hemos intentado proteger a las personas vulnerables víctimas de los desahucios, como fue el caso de Maricarmen. Desgraciadamente, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox y los ayuntamientos se han negado. Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en los aticazos.
¿Las medidas a favor de los inquilinos van en contra de los caseros? ¿Le preocupa que haya caseros que voten al PSOE que se puedan enfadar con estos decretos?
Esa es una falacia de la derecha y la ultraderecha, porque el pequeño propietario tiene en casa a sus hijos y sus hijas: a potenciales inquilinos que no pueden emanciparse por el precio del alquiler. Creo que el decreto guarda el equilibrio entre la defensa del pequeño propietario y los inquilinos. Y sobre todo, marca la diferencia entre cuáles son los intereses que defendemos nosotros frente a los fondos buitre y los especuladores.
¿Llevar a la Diputación Permanente unos decretos que antes fueron rechazados por el Parlamento es un fraude democrático, como critica la derecha? ¿O es una forma legítima de aprobarlos?
Es legítimo. El Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día de las elecciones. Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura. Y aspiro a una mayoría parlamentaria más amplia, progresista, para que en la próxima legislatura tampoco haya desahucios y se respeten los derechos de personas como Maricarmen.
¿Apoya usted la huelga general por la vivienda? Dice su número dos en el partido, María Jesús Montero, que es una huelga contra la oposición.
Es evidente que toda esta movilización de la gente es en contra de los fondos buitre, a favor de una persona vulnerable que es desalojada precisamente por un fondo buitre… Es producto de una contestación ante un Parlamento que dice ‘no’ a una demanda legítima de solidaridad, de empatía. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
El derecho a la huelga general está reconocido en nuestra Constitución. Y me parece llamativo que lo cuestionen aquellas fuerzas políticas como el PP y como Vox que se manifestaron contra leyes que aún no existían, como la amnistía. Algunas de esas concentraciones han devenido en actos vandálicos y violentos contra mi partido que, por cierto, no contaron con el reproche ni el rechazo de la oposición: ni del PP ni, por supuesto, de Vox. Ahora están criticando el ejercicio de un derecho constitucional.
Ese ataque a las acampadas diciendo que son violentas... ¿Qué opina de esas críticas de la derecha?
Están en esa vieja máxima de Fraga Iribarne: la calle es mía. La calle es de todos. Mientras sea pacífico, como se están manifestando, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Se están movilizando precisamente por causas sociales y eso creo que dice mucho del país que somos: un país que quiere seguir avanzando en términos sociales. No deja de ser curioso que a cada avance social haya habido un insulto por parte de la derecha. España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha.
Usted ha recordado las veces en que su partido ha intentado vetar los contratos de alquiler temporales, pero esto es una posibilidad que permitió la ley de vivienda y que en su momento ya fue cuestionada. ¿Fue un error haber dejado esa puerta abierta?
Es que tenemos que regularlo, hay que intervenir. Por eso no nos basta con repetir una mayoría parecida a la que tenemos en estas Cortes. Necesitamos una mayoría más amplia para resolver el problema de la vivienda: un Parlamento que se parezca más al clamor de la calle.
Por mucho poder y dinero que tengan esos fondos y las terminales políticas en el Parlamento de esos fondos, que son el Partido Popular y Vox, no hay nada en democracia más fuerte que el voto de la gente. Si las urnas se llenan, habrá ganado la calle. Pero si las urnas se vacían, pues ganarán aquellos que mueven los hilos.
En el último programa electoral del PSOE, en 2023, se comprometían a construir 183.000 viviendas públicas para alquiler en esta legislatura. ¿Cuántas se han construido?
Estamos en construcción o en proceso de construcción en torno a 124.000 viviendas. Hemos rehabilitado más de 500.000 viviendas y, en conjunto, vivienda protegida más vivienda de libre mercado, estamos hablando de que estamos por encima de las 900.000 viviendas en construcción o ya construidas, que es el máximo desde la crisis financiera.
Todo lo que está sucediendo en el debate sobre la vivienda es muy parecido a lo que pasó desde la crisis financiera. Entonces hubo movilizaciones en contra de la reforma laboral que hizo el Partido Popular, en contra de la reforma de las pensiones, en contra de la congelación del salario mínimo interprofesional. Tardamos más de diez años en llevar al Parlamento y aprobar la reconstrucción del Pacto de Toledo. Tardamos muchos años en aprobar el impuesto a las grandes energéticas, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas. Lo hicimos gracias a mayorías progresistas y es evidente que hay élites a las que no les gusta que les pongan un impuesto.
Si se fija, al final hay siempre una movilización social, hay una solución que plantean esa movilización social y las fuerzas progresistas, y siempre hay un obstáculo: un bloqueo de mayorías conservadoras. Eso es lo que se rompió en 2018, en 2019, en 2023, y tiene que volver a romperse en 2026. Necesitamos una mayoría progresista si queremos la solución al mercado de la vivienda.
Un instante de la conversación con Pedro Sánchez.¿Se siente traicionado por Junts tras su rechazo al decreto de vivienda?
No quiero entrar tampoco a… porque en el balance general ha habido cosas positivas que ha aportado esa fuerza política y el resto. Por ejemplo, aprobar algo tan importante como es el decreto de Irán, que crea un escudo social ante el shock energético que implica esta guerra ilegal.
Lo que no he entendido es que hayamos negociado, hayamos llegado a un acuerdo sobre beneficios fiscales que son muy positivos para los propietarios o sobre los fondos buitre y que posteriormente hayan votado en contra. Al menos si hubieran permitido tramitar con su abstención el proyecto de ley, hubiéramos podido negociar. Pero en esta cuestión es evidente que Junts está más cerca del PP y de Vox que del resto de fuerzas políticas del arco parlamentario.
¿Por qué cree que cambiaron de idea?
No lo sé. Eso tendrán que preguntárselo a ellos. Lo que tengo muy claro es que la cuestión de los desahucios, la intervención del mercado de la vivienda, ha sido siempre un elemento de discrepancia importante entre el Gobierno de coalición progresista y esta fuerza política.
¿Cuándo fue la última vez que habló por teléfono con Carles Puigdemont?
Nunca he hablado con él.
La principal asociación de jueces, conservadora, sostuvo que la ley de amnistía supondría el fin del Estado de Derecho. Después de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la justicia europea avalando esta ley, ¿cree que aquella advertencia era un análisis jurídico o una posición política?
Yo siempre dije que en un Estado democrático como el nuestro todos los colectivos tienen derecho a manifestarse y fijar posición. Pero también dije que nuestro Estado de Derecho tiene espacios, instituciones a los cuales recurrir. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional han dicho que la ley de amnistía es una ley constitucional, acorde con la normativa europea. El Tribunal de Justicia europeo ha dicho algo más importante y es que las leyes de amnistía se han aplicado en todas las democracias del continente europeo para solucionar crisis políticas, de convivencia y de cohesión. El TJUE dijo textualmente que las leyes de amnistía son el instrumento precisamente para lograr esa reconciliación.
Las consecuencias y las implicaciones políticas de la ley de amnistía están ahí. Hay una sociedad en Catalunya más cohesionada, una sociedad que vive la discrepancia desde el respeto y desde la convivencia. Y por cierto, una Catalunya que gracias a la acción del president Salvador Illa hoy es una de las principales locomotoras económicas y generadoras de empleo de todos los territorios de España.
La ley de amnistía fue de las primeras que acordó en este Gobierno y ha sido la última en aplicarse por la exótica interpretación sobre la malversación que hacía el Supremo y que ahora ha corregido el Constitucional. ¿Cree que fue un simple debate jurídico o cree que el Supremo trató de torpedear a este Gobierno?
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