La propuesta del Gobierno Federal para reducir en 12 por ciento los derechos por el uso y explotación del espectro radioeléctrico para 2027 liberaría alrededor de 2 mil 250 millones de pesos anuales para los operadores de telecomunicaciones, que podrían canalizarse en infraestructura, cobertura y despliegue de redes 5G.

El espectro radioeléctrico es una especie de autopista invisible en el aire por la que viajan las señales que nos permiten comunicarnos sin usar cables

De acuerdo con Radamés Camargo, director de Análisis de la Consultora The CIU, Telcel concentraría un ahorro aproximado de mil 240 millones de pesos al año, mientras que AT&T México reduciría sus pagos en alrededor de mil millones de pesos.

“El ajuste contempla bandas relevantes para los servicios móviles, entre ellas 800/850 MHz, AWS, PCS, 2.5 GHz y 3.5 GHz. Con ello, el gobierno plantea modificar una estructura de derechos que durante años ha sido señalada por la industria como un obstáculo para elevar la inversión en redes”, explicó el analista.

La medida introduce un mecanismo distinto para administrar el espectro, al permitir que parte del pago de derechos pueda sustituirse mediante obligaciones de cobertura en determinadas zonas geográficas, carreteras o caminos.

Para la Asociación Global de Ecosistema Móvil (GSMA, por su sigla en inglés), este esquema puede convertirse en un incentivo para acelerar el despliegue de infraestructura, como ocurrió en Brasil durante su subasta 5G, donde más de 90 por ciento del valor del espectro se destinó a compromisos de cobertura

“El costo del espectro ha impactado los niveles de inversión y el despliegue de redes en México. Las medidas propuestas, sumadas al no incremento en las cuotas desde 2022, representan una señal de cambio de rumbo”, señaló la GSMA que encabeza Lucas Gallito.

El impacto económico de la reducción dependerá de cómo se instrumenten los descuentos y las obligaciones de cobertura, así como del diseño de las próximas licitaciones. Para los operadores, el cambio puede significar una mayor disponibilidad de recursos.

Advierten que la reducción de espectro será insuficiente

Para los analistas, la reducción no eliminará la brecha que México mantiene frente a otros mercados. Un análisis comparativo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señala que el costo promedio del espectro en el país continúa 27 por ciento por encima del referente internacional.

“La diferencia es mayor en algunas de las frecuencias consideradas estratégicas para la evolución de las redes móviles. AWS y PCS presentan un sobreprecio cercano a 93 por ciento frente a la mediana internacional, mientras que la banda de 2.5 GHz se ubica 83 por ciento arriba y 3.5 GHz alrededor de 24 por ciento. En promedio, el costo del espectro en México continúa siendo 27 por ciento superior al benchmark internacional, sin considerar la reducción propuesta”, puntualizó Radamés Camargo.

Explicó que estos sobrecostos deberían abrir la puerta para que durante la discusión legislativa se planteen ajustes adicionales para las frecuencias que todavía presentan mayores diferencias frente a otros países y con ello alcanzar un estándar de precios internacionales.

La GSMA consideró que la propuesta es positiva, aunque reconoció que todavía existe margen para profundizar la reforma. El alcance final dependerá de las decisiones que adopte el Congreso, de las reglas para aplicar los descuentos y de las condiciones bajo las cuales se otorguen futuras concesiones.

“Aunque la disciplina fiscal impidió una propuesta que eliminara por completo las diferencias con los costos internacionales, el proceso legislativo por delante, el diseño de las próximas licitaciones, la implementación de los futuros descuentos y el diálogo constante entre las autoridades y la industria serán clave para consolidar el alcance de la reforma”, sostuvo.

Con la iniciativa, los especialistas coincidieron en que el espectro comienza a verse no sólo como una fuente de ingresos, sino como un activo para impulsar la inversión privada y ampliar la cobertura.

“La discusión de 2027 definirá si esa nueva orientación se traduce en menores costos efectivos para los operadores y en mayor despliegue de infraestructura”, concluyó Camargo.