Hoy México es un escenario amenazante para niñas, niños y adolescentes por diferentes problemáticas. Una de ellas es la captación de este grupo vulnerable por las células delictivas, que han encontrado en este sector el semillero idóneo en la comisión de delitos.

Las cifras son de verdad alarmantes: la organización civil Tejiendo Redes Infancia estima que entre 35 mil y 45 mil personas menores de edad son reclutadas de manera forzada cada año.

Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) estima que son entre 145 mil y 250 mil las niñas, los niños y los adolescentes en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.

La situación es insostenible y hoy ni siquiera el reclutamiento forzado se considera delito federal, pues apenas el 20 de octubre de este año, el Congreso mexicano aprobó incorporarlo a la Ley General en materia de Trata de Personas.

La minuta pasó al Senado y está en comisiones para su análisis y posible aprobación. Si bien algunas entidades federativas ya han legislado en este tema, como Hidalgo y Aguascalientes, hay otros estados como Tamaulipas, Ciudad de México y Michoacán en donde sus iniciativas están en curso.

Esto significa que las acciones para combatir este delito no están articuladas ni avanzan al mismo tiempo, mientras miles de familias sufren los estragos de tener una hija o un hijo en manos de criminales.

Una muestra más del retraso del combate a este triste fenómeno es lo que dice el Informe sobre Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual señala que México no concluyó el plan nacional 2025-2030 para prevenir el reclutamiento de menores.

Sin duda, estas omisiones traen profundas repercusiones, ya que no se está protegiendo a una parte vulnerable de la población mexicana.

La misma REDIM, que agrupa a cerca de 80 organizaciones civiles, ha documentado el fenómeno en su Balance 2025 junto con el Observatorio Nacional Ciudadano y entre sus hallazgos destacó la presencia de causas estructurales que propician que las personas menores de edad sean víctimas de la delincuencia.

Se habla de aspectos como pobreza, violencia, abandono escolar y ruptura del tejido social, los que crean ese terreno fértil para que el crimen ofrezca pertenencia, dinero e identidad.

El reto no es fácil, pero tenemos que actuar y, para ello, desde Early Institute nos unimos a las organizaciones que han levantado la voz para exigir la tipificación del delito a nivel federal; creación de entornos seguros; garantías para la permanencia escolar y campañas eficientes de prevención, por mencionar algunas recomendaciones.

Por otro lado, es indispensable un registro oficial que dé claridad sobre la magnitud del problema, ya que las cifras son estimaciones de la sociedad civil.

Sabemos que lograr esto amerita cooperación y voluntad.

La protección de niñas, niños y adolescentes en un contexto tan adverso como el nuestro nos obliga a redoblar esfuerzos y a asumir responsabilidades no sólo gubernamentales, sino en los entornos familiares, educativos y sociales.

Por años, la evasión del tema lo único que ha dejado es la oportunidad para la delincuencia organizada de fortalecerse a costa del sufrimiento de los menos favorecidos y es momento de hacer frente a este grave pendiente.