Adrián De la Garza pidió al Gobierno federal investigar presuntas irregularidades en la administración de Samuel García como gobernador de Nuevo León; alcaldes, legisladores, empresarios y dirigentes políticos respaldaron el llamado.
El alcalde de Monterrey suscribió un desplegado que acusa al Gobierno estatal de mantener una confrontación permanente, presionar al sector privado y retener recursos correspondientes a municipios, poderes y organismos autónomos.
En su documento, De la Garza sostiene que la entidad atraviesa una crisis institucional y señala al gobierno de Samuel García por presuntas extorsiones a empresas. Incluso califica como “cobro de piso oficial” un mecanismo de “aportaciones” que, según los firmantes, permitiría a compañías locales evitar actos de molestia de autoridades estatales.
También te puede interesar: Detienen a alcalde Esperanza y lo vinculan a red de extorsión y robo a transporte
El reclamo también apunta a la falta de acuerdos presupuestales, la ausencia de un Tesorero estatal y presuntas irregularidades en el manejo de recursos de organismos como Agua y Drenaje y la Red Estatal de Autopistas.
“Queremos inversión, pero con seguridad. Queremos infraestructura, pero con planeación y cuentas claras. Queremos crecimiento, pero con legalidad y certeza”, señala el desplegado.
De la Garza y los demás firmantes pidieron a Sheinbaum que, dentro de sus atribuciones, promueva la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y otras autoridades competentes.
Las acusaciones incluyen presuntas extorsiones al sector privado, retención de recursos, irregularidades financieras y una confrontación del Ejecutivo estatal con municipios, poderes y órganos autónomos. Los firmantes sostienen que esta situación ha afectado el funcionamiento de las instituciones y generado incertidumbre en el Estado.
También te puede interesar: Marina clausura Hospital en Acapulco por irregularidades
El desplegado precisa que no se solicita a Sheinbaum prejuzgar ni condenar al Gobernador, sino que las instituciones investiguen los hechos denunciados y determinen, en su caso, responsabilidades.