Hay estados que pesan por su población, otros por su economía y otros por el número de votos que ponen sobre la mesa. Sinaloa pesa por algo mucho más delicado: hoy es uno de los puntos donde se concentra la crisis de seguridad que condiciona la relación entre México y Estados Unidos. No es por su extensión territorial, no es por su aportación al PIB ni tampoco por los siete distritos federales que representa. Washington está viendo otro mapa.
Está viendo la tierra donde nació y se desarrolló una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Una estructura que desde Sinaloa construyó conexiones internacionales para producir, transportar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y, finalmente, fentanilo. El propio Departamento de Justicia estadounidense utilizó este año una definición que debería haber provocado una discusión mucho mayor en México: señaló a Sinaloa como el epicentro geográfico del narcotráfico global. Eso cambia la dimensión del problema.
Sinaloa dejó hace mucho tiempo de ser únicamente un asunto de seguridad pública mexicana. Lo que ocurre aquí toca directamente intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa está considerado por las autoridades estadounidenses como una organización terrorista. Sus redes son perseguidas dentro y fuera de Estados Unidos. Ya no se observa solamente a los narcotraficantes; también se observan sus estructuras financieras, sus operadores y, cada vez con mayor atención, a sus narcopolíticos.
Y ahí empieza la parte verdaderamente incómoda. En 2026, fiscales federales estadounidenses presentaron acusaciones contra el gobernador Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Son acusaciones, no sentencias.
Es inevitable regresar a 2021.
Frente a Rocha estaba Mario Zamora. El resultado institucional es conocido: Rocha ganó oficialmente aquella elección y eso forma parte de la historia legal de Sinaloa. Pero también es parte de la historia que, desde aquellos días, Zamora denunció secuestros de integrantes de su estructura, violencia y participación del crimen organizado en el proceso electoral.
Cinco años después, cuando una acusación federal estadounidense sostiene que Los Chapitos habrían ayudado mediante secuestros e intimidación al candidato que terminó llegando al gobierno, aquella elección inevitablemente vuelve a ser observada bajo otra luz. No significa que jurídicamente pueda afirmarse que otro candidato ganó. Sí significa que México no puede comportarse como si aquí no hubiera pasado nada.
Pasó demasiado. Pasó la expansión internacional del Cártel de Sinaloa. Pasó el fentanilo. Pasaron las guerras internas que han golpeado al estado. Pasó la designación estadounidense de esa organización como terrorista. Y ahora existen acusaciones del Departamento de Justicia que colocan en un mismo expediente narcotráfico, funcionarios públicos y la elección de gobernador de 2021.
Sinaloa 2027 no es una elección local más.
Puede y debería ser la punta de lanza de la alianza PAN-PRI para un futuro sin narcopolíticos.
La próxima gubernatura tendrá que enfrentar violencia, reconstruir instituciones, recuperar autoridad y, sobre todo, garantizar una separación absoluta entre poder político y poder criminal.
Imelda Castro representa la continuidad del proyecto político de Morena. Del lado opositor están Mario Zamora, Paloma Sánchez y Paola Gárate. Mario, la noche del 6 de junio de 2021, salió a pedir respetuosamente que liberaran a sus más de 100 operadores levantados. Presentó, junto con PAN, PRI y PRD, las denuncias pertinentes en México y fuera del país. A Paola la levantaron.
Estados Unidos no elige al gobernador de Sinaloa. Ni puede ni debe hacerlo. Pero sería ingenuo pensar que Washington observará 2027 como una elección estatal cualquiera. No después de haber definido a México, a Sinaloa, como epicentro geográfico del narcotráfico global. No después de clasificar al Cártel de Sinaloa como organización terrorista. No después de acusar a funcionarios públicos de colaborar presuntamente con esa organización. Y, sobre todo, no después de que sus propios fiscales introdujeran dentro de una acusación federal lo ocurrido alrededor de la elección de 2021.
Sinaloa se convirtió en uno de los territorios donde se pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para recuperar el control territorial y enfrentar al crimen organizado. Si la oposición, léase el PRI y el PAN, toma a Sinaloa como punta de lanza, podrán mandar un mensaje muy esperanzador desde Sinaloa para todo el país: Sacamos al narcogobierno de Rocha Moya. En México ninguna organización criminal puede decidir quién gobierna. ¡Quihúboles!
El Grande, un narco del Cártel de Sinaloa, el mismo que declaró en contra de García Luna y festejaron en Palacio Nacional, en entrevista con Anabel Hernández asegura haberle entregado a AMLO, en compañía de Audomaro, en Coahuila, la primera maleta con 500 mil dólares en 2006 de parte de Arturo Beltrán Leyva.
Sinaloa no se trata solamente de Morena contra la oposición. Ni de Imelda contra Mario, Paloma o Paola. Se trata de algo mucho mayor: de la capacidad de México para demostrar que entendió lo sucedido y que la política puede recuperar plenamente su autoridad frente al crimen.
Porque el peor mensaje posible sería actuar como si aquí no hubiera pasado nada. Sí pasó. Y demasiado.
Sinaloa quizá no tenga el mayor PIB, ni la mayor población, ni el mayor número de votos del país. Pero cuando se habla de narcotráfico, fentanilo, seguridad y de una de las zonas más delicadas de la relación entre México y Estados Unidos, Sinaloa no está en la periferia. Sinaloa es el epicentro.