La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han coincidido en la urgencia de agilizar el traslado a la península de los menores migrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.

En un encuentro celebrado este viernes en la sede del Ministerio Público, ambas responsables han evaluado los mecanismos para garantizar la protección de los derechos de estos menores y han subrayado que cualquier intervención debe ejecutarse con todas las garantías, preservando el interés superior de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos, según han señalado ambos departamentos.

Rego y Peramato han puesto el foco en la especial vulnerabilidad de las niñas. Desde el inicio de la entrada masiva se han incoado más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta y, en el 40 % de los casos, las víctimas han sido menores no acompañadas.

La ministra ha trasladado a la fiscal general que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para facilitar ese desplazamiento “en el menor tiempo posible”, remarcando que esta medida ayudaría a asegurar “condiciones adecuadas para su atención y bienestar” y, paralelamente, serviría para “aliviar” la situación que vive Ceuta.

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Ambas han enfatizado que la normativa española e internacional impone que toda decisión relativa a menores priorice el interés superior del menor.

Durante la reunión, Peramato ha detallado aspectos del decreto dictado el 7 de agosto con pautas de actuación para proteger a los menores migrantes no acompañados en Ceuta, mientras que Rego ha defendido avanzar en una respuesta que coloque los derechos de la infancia en el centro y que cuente “con la corresponsabilidad” de todas las administraciones públicas.

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En la cita también se han tratado las dificultades recogidas en la memoria de la Fiscalía para ejecutar procesos de reagrupación familiar en Marruecos, así como los datos relativos a la evolución de la delincuencia juvenil.

Asimismo, Peramato y Rego han abordado los progresos y desafíos pendientes para reforzar los sistemas de prevención, detección y protección frente a la violencia en la infancia y han intercambiado puntos de vista sobre la nueva ley orgánica para la protección de los menores de edad en los entornos digitales que se tramita actualmente en el Congreso.